Cané: "las provincias no objetan las exclusiones del cupo Hilton"

El titular del Senasa explicó las sanciones adoptadas por el organismo. Admitió que se están reconsiderando

El endurecimiento de las normas sanitarias que determinó la inhabilitación de 17 plantas frigoríficas para exportar carne a la Unión Europea responde a las crecientes exigencias de los mercados internacionales, afirmó ayer el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Bernardo Cané.

El funcionario explicó además la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender hasta el mes de setiembre próximo, la autorización al Senasa para habilitar nuevas plantas que exporten carne cocida a ese país. "El Home Land Security (creado como un megaministerio en Estados Unidos después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001) asumió el control de cuestiones de seguridad que estaban dispersas en otras dependencias" incluido el Departamento de Agricultura (Usda).

"Los niveles de exigencias (de los estadounidenses) en materia de seguridad de alimentos aumentaron en forma extraordinaria", puntualizó Cané.

Los auditores regresarán "en la segunda quincena de septiembre o principios de octubre" y revisarán "todo el sistema" de control sanitario de la cadena que incluye "laboratorios, campos de producción e industria", dijo Cané.

"Yo no lo tomaría como una cosa escandalosa", agregó el funcionario, al negar que el episodio pueda atrasar la esperada reapertura del mercado estadounidenses para las carnes frescas argentinas. "Más bien es un tema demostrativo de que, en general, los niveles de exigencia sanitarios de terceros países son cada vez más altos y los nuestros han sido cada vez más rigurosos", sentenció.

Cané señaló también que "hay varios pedidos para modificar" la resolución por la que se inhabilitó a los 17 frigoríficos a fin de reducir el período de un año establecido por la norma para reconsiderar la situación de las planta excluidas.

"Pero por ser la primera vez que se aplica en el mes de junio y considerando que la próxima reapertura de la lista sería en enero próximo la suspensión duraría sólo 6 meses y no un año", explicó.

Aunque admitió que "se están atendiendo esas solicitudes" recordó que el régimen anterior que contemplaba revisiones trimestrales "en la práctica no fue satisfactorio" y por último agregó que "todo el mundo nos reclama reglas más previsibles y no nos parece conveniente introducir cambios antes de ejercitar plenamente la norma".

En cuanto a los cuestionamientos planteados por los gobiernos provinciales, Cané dijo que el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, le había manifestado telefónicamente que del cierre de la planta provincial le preocupaban las pérdidas de las fuentes de trabajo pero no objetaba los aspectos sanitarios de la norma.

"Del mismo modo se manifestaron los funcionarios del área agrícola de Santa Fe; y mientras que el ministro de Agricultura de La Pampa, Néstor Alcala, manifestó su apoyo a la resolución, el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, expresó su disconformidad con la forma en que se había comunicado la medida, no su contenido", completó.

Para Cané "es cuestión de exigencias".