En el gabinete se pelean por el patrimonio de sindicalistas

El ministro de Trabajo, José Gabriel Dumón, explicó ayer que la cartera a su cargo decidió no avanzar en el pedido a los sindicalistas para que presenten su declaraciones juradas, "porque hay un problema de legalidad ya que la ley establece que sea la Afip la que reciba la información sobre los bienes personales de los particulares".
En un comunicado difundido a la prensa, Dumón dijo que va a trabajar "con transparencia pero con legalidad", y explicó que "según la ley, los funcionarios debemos presentar nuestras declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, y los particulares deben hacerlo ante la Afip".
Dumón detalló que "aparentemente hay un problema de ilegalidad en el pedido de presentación de las declaraciones juradas a los sindicalistas, ya que según la ley, el Ministerio de Trabajo no está autorizado ni a exigirlas ni a recibirlas". De todos modos, el ministro adelantó que desde su cartera seguirán "estudiando este tema".

No a la oscuridad
El ministro salió ayer al cruce de las declaraciones de la titular de Seguridad Social y ex ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien en un reportaje afirmó: "Me parece una barbaridad lo que se ha hecho. La transparencia no se negocia, y si el gobierno decidió limpiar las instituciones, no se las puede dejar en la oscuridad de la noche".
Bullrich criticó la decisión de Dumón de congelar el pedido para los sindicalistas presenten sus declaraciones juradas de bienes, solicitud que sólo fue cumplida por la cúpula de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) pero ante la Justicia.
El ministro de Trabajo también recordó que el juez en lo laboral Nº5 consideró "anticonstitucional y discriminatoria" la decisión que tomó Bullrich en el marco de una de las duras peleas que tuvo con los caciques sindicales.
En ese fallo la Justicia señaló que "los sindicalistas no son funcionarios públicos para verse obligados a presentar sus declaraciones bienes ante la Afip".
La decisión de Dumón se inscribe en su intento por "bajar los decibeles" de las discusiones políticas ante "la grave situación" que está viviendo el país.