Muchos Estados se desentienden

Washington. - Los inmigrantes y trabajadores migratorios están en una situación vulnerable y son objeto de abusos de parte de las poblaciones y autoridades de los países que los reciben, pero los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar este problema son "más bien modestos". "Hasta ahora los esfuerzos internacionales para enfrentar el problema creado por la creciente violación de los derechos humanos de millones de migrantes en todo el mundo han sido más bien modestos", indica el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado ayer en Washington.
"Es preciso recalcar que inmigrantes y trabajadores migratorios se encuentran en una condición muy vulnerable. Estas personas muchas veces ignoran las leyes y el idioma del país receptor y en varias ocasiones deben enfrentar abierta hostilidad por parte de la población, incluso de las autoridades", agrega. "La situación es particularmente grave en el caso de los migrantes indocumentados, cuya situación inmigratoria los expone aún más a abusos. De hecho, dada la situación particular de los migrantes se sostiene que estas personas enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural".
La Comisión puntualiza que los "atropellos" a los que están expuestos los migrantes incluyen "arrestos arbitrarios y la ausencia de debido proceso; deportaciones masivas; discriminación para concesión de la nacionalidad o para acceder a servicios sociales a los que extranjeros tienen derecho por ley; condiciones de detención infrahumanas; apremios ilegítimos por parte de autoridades como policías y funcionarios de inmigración; y completa indefensión cuando son expuestos a condiciones de explotación por parte de empleadores inescrupulosos". Estas situaciones afectan a las mujeres y niños migrantes, quienes están además expuestos a excesos como acoso sexual, golpizas y condiciones de trabajo deficiente.

Mecanismos de protección
La inmensa mayoría de los países, incluyendo a todas las naciones ricas, se han negado a firmar, y mucho menos ratificar, la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y los Miembros de sus Familias, que la Asamblea General de la ONU aprobó en 1990. Entre sus puntos principales, esta convención busca ampliar los mecanismos de protección para los trabajadores migratorios y sus familias, sobre todo en cuanto a las condiciones de explotación y discriminación, control del tráfico ilegal de personas y creación de lineamientos claros con relación a los beneficios sociales a los que deberían tener acceso estas personas. "Lamentablemente, a más de diez años de su aprobación, la Convención no ha podido entrar en vigencia ya que hasta ahora sólo ha sido ratificada por 16 países y firmada por otros diez", indica.
Los países de la región América latina y Caribe que ratificaron la convención fueron Bolivia, México y Uruguay, y los que la firmaron fueron Chile, Guatemala y Paraguay. "El bajo nivel de ratificación y sobre todo el hecho de que no la ha suscrito ningún país desarrollado, ni siquiera los más progresistas en materia de legislación internacional en derechos humanos, como Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda y Finlandia, le han restado cierta legitimidad al documento", observó la CIDH.
"Muchos Estados se niegan a ratificar el instrumento porque temen que éste restringiría su capacidad para regular los flujos migratorios de acuerdo a sus necesidades e intereses", indica la CIDH, que admite que "las violaciones a los derechos humanos de trabajadores migrantes obedecen a veces al deseo premeditado de los Estados de limitar la inmigración".