Una denuncia efectuada por un matrimonio que iba a perder su casa en un remate puede constituirse en la causa testigo que deje al descubierto una presunta cooperativa que actúa en las subastas de viviendas. El juez de instrucción Carlos Carbone indagó esta semana a dos martilleros y a un particular acusados por esta pareja de ofrecerles sus influencias y servicios para no perder la casa. Estos hechos también se remontan a una denuncia efectuada el año pasado por la Asociación de Martilleros de Rosario, que hablaba de la existencia de "una mafia que maneja los remates". Curiosamente, uno de los profesionales que indagó anteayer el magistrado como presunto implicado en esta organización ilegal es el propio tesorero de la Asociación de Martilleros, Amadeo Chaina.
Beatriz Facecas y Manuel Fernández denunciaron ante el Juzgado de Instrucción de la 9ª Nominación ser víctimas de un ardid urdido por dos martilleros (Chaina y María Gionanini) y un recurrente comprador de viviendas apodado el Pelado. Todos ellos están sospechados de formar parte de la cooperativa que opera en los remates, a través de mecanismos mafiosos y de coacción a compradores de buena fe.
Los pasos de la maniobra
El matrimonio le señaló al juez Carbone que como consecuencia de no haber podido pagar el crédito hipotecario de su vivienda de calle Polonia al 700, la misma iba a ser rematada.
Sin embargo, según declararon en sede judicial, días antes de la subasta se presentaron en el domicilio el tesorero de la Asociación de Martilleros, Amadeo Chaina, y la martillera designada para la subasta, María Gionanini, quienes le aseguraron a la pareja Fernández que había una forma de salvar la propiedad.
Los martilleros les dijeron que como eran los demandados no podían adquirir su propia casa, y le sugirieron que una persona apodada el Pelado haría ofertas hasta 10.500 pesos, tras lo cual un familiar debía pedir 11.000 pesos para lograr la adjudicación de la vivienda. Es más, los denunciantes le dijeron a Carbone que Chaina, acompañado por su secretaria, "aseguró que la propiedad iba a venderse en once mil pesos".
Para que todo resultara de acuerdo con lo esperado, el matrimonio debía conseguir unos dos mil pesos para el pago de la seña y la comisión de ley. Los esposos dispondrían luego del término de treinta días para obtener un crédito y terminar de formalizar el pago.
El funcionario de la Asociación de Martilleros, -tal cual reza en la denuncia- les dijo además que si no lograban reunir los dos mil pesos conocía "un grupo de gente" que compraría la casa y que luego se las vendería a mayor precio.
Beatriz y Manuel le pidieron a un familiar que les prestara el dinero para abonar la comisión y seña. A esta persona el día de la subasta los martilleros "lo hicieron sentar adelante".
Pero para sorpresa del matrimonio, la rematadora asignada no asistió al acto por estar enferma y se hizo cargo de la subasta el propio Chaina. Todo sucedió como se había anticipado. Allí estaba el Pelado, de apellido Cosolino, quien comenzó a realizar ofertas hasta llegar a la suma de 10.500 pesos.
En ese momento el familiar del matrimonio ofertó once mil pesos y la vivienda le fue adjudicada. Pagó 2 mil pesos en concepto de comisión y la seña de ley, y el acto terminó entre la alegría y los abrazos de los esposos que habían logrado recuperar la vivienda.
Pero las sonrisas no duraron mucho, ya que días después no consiguieron el dinero para efectivizar la compra. Ahora el matrimonio perderá su casa, que será rematada nuevamente, además de los dos mil pesos que abonaron por seña y comisión.
Pero los hechos irregulares no terminaron aquí. Cuando el juez Carbone reclamó el expediente a la Justicia civil para determinar si el acto de remate estaba bien delegado en el martillero Chaina se encontró con la sorpresa de que el mismo había desaparecido.
La Ciudad
