El PEN apela indemnizar a exiliados

El gobierno nacional apeló ante la Corte Suprema una serie de fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que le ordenaba pagar una indemnización a perseguidos de la dictadura, a quienes el Ministerio de Justicia les había negado tal reparación histórica.

   El 21 de agosto pasado, esa Cámara había hecho lugar al reclamo de cuatro víctimas de la dictadura que debieron exiliarse forzosamente. Se trata de Eduardo Molina Zequeira, Norma Grinfeld de Goobar, Viviana López Osornio y Andrea Benites Dumont, todos ellos exiliados durante la dictadura y con status de refugiados políticos reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

   Así, iniciaron el trámite administrativo previsto por la ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991. En los cuatro casos, el reclamo había contado con la aprobación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, pero fue rechazado por la Procuración del Tesoro, dirigida por el ex juez Osvaldo Guglielmino, y por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

   En todos los casos, la Sala I de la Cámara había dejado “sin efecto” las resoluciones del Ministerio de Justicia que negaron el beneficio a las víctimas y ordenó efectivizar el pago. Sin embargo, el gobierno apeló la medida ante la Corte algo que había hecho anteriormente con casos similares.