Se agrava la crisis política en el gobierno de Evo Morales

El renunciante gobernador de Sucre teme violencia en las protestas por el traslado de la capital

La Paz. — El prefecto (gobernador) de Chuquisaca, David Sánchez, renunció ayer a su cargo aduciendo falta de apoyo del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el partido al que pertenece. Su decisión agudizó aún más la crisis política en Bolivia que tiene paralizada a la Asamblea Constituyente, ante la exigencia de seis de los nueve departamentos (gobernaciones) de reconsiderar el pedido de traslado de la sede de gobierno de La Paz a Sucre. “No quiero ser responsable de enfrentamientos sangrientos”, dijo con la voz quebrada el prefecto David Sánchez.

   El renunciante se refirió al reciente anuncio del vicepresidente Alvaro García de enviar “100.000 campesinos” a Sucre, capital de Chuquisaca, para someter a esa población, cuyas movilizaciones demandando el retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo —que desde 1899 operan en La Paz— obligaron a suspender la Asamblea Constituyente por falta de seguridad. El gobierno del presidente Evo Morales ha ofrecido facilitar el diálogo con Sucre sobre el tema, pero insiste en que los poderes deben permanecer en La Paz. Pocos minutos después del anuncio de Sánchez, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el renunciante “está obligado” a permanecer en su puesto, porque fue elegido por voto popular, en 2006, para una gestión de cinco años.



Elección del sucesor. Lourdes Millares, diputada opositora a la vez que dirigente del movimiento de Sucre por el retorno de los poderes, indicó que, ante la renuncia del prefecto, debe llamarse a nuevas elecciones. Las tendencias no parecen favorables al oficialismo en Sucre, debido a la decisión de sus representantes en la Asamblea, con el apoyo de los opositores de La Paz, de excluir del debate el tema del traslado de la capital expresada en una resolución del 15 de agosto.



“10 a 1”. Desde entonces, en Sucre se registran a diario protestas callejeras, algunas violentas, y ya son más de mil las personas que exigen el tratamiento del traspaso del Ejecutivo en la Asamblea con huelga de hambre. A esto obedece el anuncio del vicepresidente boliviano de enviar a miles de campesinos para enfrentarse “10 a 1” a los sucrenses. Los campesinos empezaron a llegar esta semana, y Sánchez teme enfrentamientos.

   El analista político Carlos Cordero precisó que la renuncia de Sánchez ahonda la crisis política y devela también una ingobernabilidad.

   En tanto, la Justicia inició ayer un paro de 48 horas en defensa de cuatro miembros del Tribunal Constitucional al que el gobierno pretende enjuiciar, con el acatamiento de ocho de los nueve departamentos y el “apoyo moral” de la Corte Suprema, que decidió no suspender sus actividades. El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Juan Pereira, informó que unos 800 jueces y vocales de todos los departamentos, con excepción de La Paz, que trabaja parcialmente, acatan la medida, con la que también se busca “la defensa de la democracia” que estaría en riesgo por acciones del gobierno.