Prometieron hacer 10 mil viviendas pero no construyeron ni la mitad

Si bien mediante el Plan Federal de Viviendas estaba prevista la construcción hasta diciembre del año pasado de 10 mil unidades habitacionales en todo el territorio santafesino, hoy, ocho meses después de expirado ese plazo, apenas se levantan unas 3.500. Es decir, no se construyó ni la mitad de lo que se prometió.

   Así, a escasos días de que el presidente Néstor Kirchner deje el poder, el tantas veces anunciado plan de viviendas sociales sigue en veremos, al menos en esta provincia.

   A la hora de buscar las causas de esta demora, las fuentes consultadas señalan dos: la falta de infraestructura necesaria que debe acompañar a estos complejos, es decir, agua, energía y desagües pluviocloacales; y la demora en el pago a las empresas contratistas que llevan adelante los trabajos, que en la provincia suman 60.

   Las obras del Plan Federal de Viviendas I salieron a licitación en febrero de 2005 y los trabajos se iniciaron en diciembre de ese año. Según explicaron ayer fuentes ligadas a las firmas que llevan adelante los trabajos, “las tareas arrancaron en diciembre de ese año y tenían un plazo de culminación de un año”. Es decir, debían estar listas en diciembre del año pasado.

   Ahora bien, qué sucedió para que ocho meses después de ese plazo sólo se hayan construido unas 3500 viviendas. Según admitieron los constructores consultados “las demoras en los pagos son muy grandes. La Nación tarda en enviar los fondos y a su vez la provincia también se demora en girarlos, por lo que en esas condiciones los ritmos de ejecución caen y todo se demora”, indicaron.

   Las demoras también generan otras críticas. “Se invirtió dinero en construir casas que no funcionan”, reveló a La Capital una fuente que conoce de cerca el tema. La explicación es sorprendente: “Parece que la Provincia decidió desdoblar las viviendas de la ejecución de la infraestructura necesaria para habilitarlas, y luego el gobierno nacional no remitió los fondos necesarios, incumpliendo su declamada promesa de ejecutarlas en un año calendario, a pesar de una recaudación fiscal creciente”, se indicó.



Por dentro. El financiamiento de las obras se realiza en conjunto entre la Nación y la Provincia, pero Santa Fe no efectuaría su aporte para cancelar los certificados de obra desde enero último, aduciendo que la Nación no cancela una deuda del orden de los 40 millones de pesos por ajustes de precios de los contratos.

   La provincia tampoco estaría devolviendo en tiempo los fondos de reparos y por mora administrativa no resolvió ampliaciones de plazo justificadas, que hace que los contratistas cobren a precios de 2006. La mora asciende a más de 180 días, por lo que las viviendas en curso no se terminan y las empresas se niegan a continuar la vigilancia de las obras porque no cobran.

   Un problema con las viviendas terminadas es quién se hace cargo de la seguridad ante los probables saqueos. Prueba de ello son los recientes hechos de usurpación de barrios Fonavi. Desde el nivel oficial dicen que la vigilancia debería estar a cargo de empresas contratistas, aunque algunos constructores niegan esta situación.

   Con un daño menor que podría generar una usurpación o un robo a las viviendas terminadas o próximas a terminarse, a razón de 4.000 pesos por vivienda, la Provincia se expone a perder 40 millones de pesos; es decir, el equivalente a la construcción de 500 casas.

   El Plan Federal de Viviendas contempla la ejecución de 10.600 casas en todo el territorio santafesino, de las cuales unas 1.500 se levantarán en Rosario. En toda la provincia hay 60 empresas dedicadas a llevar adelante estos trabajos. No obstante, el lento ritmo con que la Nación remite los pagos a las constructoras ya derivó en la abrupta caída del ritmo de ejecución de las unidades habitacionales.

   El programa fue lanzado por la Nación en 2004 y tiene como objetivo la construcción de 120 mil unidades en todo el país. La iniciativa apunta a bajar los niveles de desempleo y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a un hogar propio a familias de escasos recursos.

   Hoy, a ocho meses de expirado el plazo, todo sigue en veremos.lSi bien mediante el Plan Federal de Viviendas estaba prevista la construcción hasta diciembre del año pasado de 10 mil unidades habitacionales en todo el territorio santafesino, hoy, ocho meses después de expirado ese plazo, apenas se levantan unas 3.500. Es decir, no se construyó ni la mitad de lo que se prometió.

   Así, a escasos días de que el presidente Néstor Kirchner deje el poder, el tantas veces anunciado plan de viviendas sociales sigue en veremos, al menos en esta provincia.

   A la hora de buscar las causas de esta demora, las fuentes consultadas señalan dos: la falta de infraestructura necesaria que debe acompañar a estos complejos, es decir, agua, energía y desagües pluviocloacales; y la demora en el pago a las empresas contratistas que llevan adelante los trabajos, que en la provincia suman 60.

   Las obras del Plan Federal de Viviendas I salieron a licitación en febrero de 2005 y los trabajos se iniciaron en diciembre de ese año. Según explicaron ayer fuentes ligadas a las firmas que llevan adelante los trabajos, “las tareas arrancaron en diciembre de ese año y tenían un plazo de culminación de un año”. Es decir, debían estar listas en diciembre del año pasado.

   Ahora bien, qué sucedió para que ocho meses después de ese plazo sólo se hayan construido unas 3500 viviendas. Según admitieron los constructores consultados “las demoras en los pagos son muy grandes. La Nación tarda en enviar los fondos y a su vez la provincia también se demora en girarlos, por lo que en esas condiciones los ritmos de ejecución caen y todo se demora”, indicaron.

   Las demoras también generan otras críticas. “Se invirtió dinero en construir casas que no funcionan”, reveló a La Capital una fuente que conoce de cerca el tema. La explicación es sorprendente: “Parece que la Provincia decidió desdoblar las viviendas de la ejecución de la infraestructura necesaria para habilitarlas, y luego el gobierno nacional no remitió los fondos necesarios, incumpliendo su declamada promesa de ejecutarlas en un año calendario, a pesar de una recaudación fiscal creciente”, se indicó.



Por dentro. El financiamiento de las obras se realiza en conjunto entre la Nación y la Provincia, pero Santa Fe no efectuaría su aporte para cancelar los certificados de obra desde enero último, aduciendo que la Nación no cancela una deuda del orden de los 40 millones de pesos por ajustes de precios de los contratos.

   La provincia tampoco estaría devolviendo en tiempo los fondos de reparos y por mora administrativa no resolvió ampliaciones de plazo justificadas, que hace que los contratistas cobren a precios de 2006. La mora asciende a más de 180 días, por lo que las viviendas en curso no se terminan y las empresas se niegan a continuar la vigilancia de las obras porque no cobran.

   Un problema con las viviendas terminadas es quién se hace cargo de la seguridad ante los probables saqueos. Prueba de ello son los recientes hechos de usurpación de barrios Fonavi. Desde el nivel oficial dicen que la vigilancia debería estar a cargo de empresas contratistas, aunque algunos constructores niegan esta situación.

   Con un daño menor que podría generar una usurpación o un robo a las viviendas terminadas o próximas a terminarse, a razón de 4.000 pesos por vivienda, la Provincia se expone a perder 40 millones de pesos; es decir, el equivalente a la construcción de 500 casas.

   El Plan Federal de Viviendas contempla la ejecución de 10.600 casas en todo el territorio santafesino, de las cuales unas 1.500 se levantarán en Rosario. En toda la provincia hay 60 empresas dedicadas a llevar adelante estos trabajos. No obstante, el lento ritmo con que la Nación remite los pagos a las constructoras ya derivó en la abrupta caída del ritmo de ejecución de las unidades habitacionales.

   El programa fue lanzado por la Nación en 2004 y tiene como objetivo la construcción de 120 mil unidades en todo el país. La iniciativa apunta a bajar los niveles de desempleo y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a un hogar propio a familias de escasos recursos.

   Hoy, a ocho meses de expirado el plazo, todo sigue en veremos.l