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 martes, 14 de agosto de 2007  
Huyó el chofer que violó discapacitados tras orden de detención

Mario Ochoa, el chofer condenado a 16 años de cárcel por violar a menores discapacitados, se fugó esta tarde cuando la policía iba a detenerlo luego de que la Justicia le revocara el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba.

Fuentes policiales informaron a DyN que cuando los efectivos fueron hasta dos domicilios donde supuestamente se encontraría Ochoa, uno en Beccar y otro en Tigre, ya se había escapado tras enterarse por un medio de prensa.

Las fuentes indicaron que cuando el Ministerio de Seguridad bonaerense giró el oficio de la orden de detención que le remitió la Justicia a la Jefatura Departamental Conurbano Norte, el titular de esa dependencia también estaba enterado por la prensa y pese a la celeridad para cumplir con el procedimiento no pudo hallar a Ochoa.

Los efectivos habían llegado al lugar en cumplimiento de un fallo dictado por los jueces de la Sala III del Tribunal de Casación platense, Víctor Violini y Ricardo Borinsky, que revocaron el arresto domiciliario con el que había sido beneficiado Ochoa y ordenaron su arresto.

La noticia sorprendió a los familiares de las víctimas, quienes habían concurrido a los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340 de esa ciudad, para notificarse de la resolución.

La titular de la asociación Ayuda a Víctimas de Violación (AVIVI), María Elena Leuzzi, aseguró que pedirán el juicio político del tribunal que concedió la prisión domiciliaria de Ochoa.

El 20 de julio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, integrado por Luis Oscar Zapata, Clarisa Moris y Ariel Introzzi Troglia, había condenado a 16 años de prisión a Ochoa al encontrarlo culpable de los delitos de “abuso sexual calificado” y abuso con penetración, pero absuelto por corrupción de menores.

El tribunal lo responsabilizó por violar a cinco adolescentes de entre 16 y 18 años, a los que trasladaba a las escuelas 501 y 503 de San Fernando y al Centro de Formación Laboral de Vicente López, donde cursaban clases.

Tanto el fiscal del juicio, Fabián Brain, como la abogada de la querella, Silvia Weksel, habían reclamado 30 años de cárcel para el acusado.

Al dar a conocer el fallo el tribunal le concedió el arresto domiciliario hasta que quede firme la sentencia, hecho que generó la reacción de los padres de las víctimas, quienes instalaron una carpa en los tribunales de San Isidro para reclamar que se revoque la medida. (DYN)
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