Piden a la provincia un mejor control de los agroquímicos

La Defensoría del Pueblo dijo que hay sólo seis inspectores de Sanidad Vegetal para todo Santa Fe. Aseguran que algunos son ingenieros agrónomos y desoyen reclamos de los pobladores

Luis Emilio Blanco / La Capital

El titular de la Defensoría del Pueblo, Carlos Bermúdez, recomendó al gobierno santafesino que optimice los controles sobre el uso de plaguicidas en la provincia y que adopte medidas para subsanar la ineficiencia de recursos humanos destinados al control y eficaz cumplimiento de la ley de agroquímicos.

La decisión del ombudsman fue plasmada a través de un dictamen que prevé notificar al gobernador Jorge Obeid y a los funcionarios que deben ocuparse del tema, para proteger la salud humana de los pobladores rurales y el medio ambiente.


Niños banderilleros
La medida surgió después analizar los trabajos y reclamos elevados por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) —una organización no gubernamental que lidera la campaña “Paren de Fumigar”— y denuncias de casos puntuales como la realizada por La Capital en septiembre de 2006 sobre la utilización de niños banderilleros en Las Petacas.

En ese sentido, Bermúdez dijo a este diario que “a raíz de esas manifestaciones pedimos un informe a la Secretaría de Agricultura, que evidenció que los recursos humanos de la Dirección de Sanidad Vegetal son insuficientes. Hay sólo seis inspectores para toda la provincia y cada año se incrementan las hectáreas sembradas. Así es imposible realizar controles eficientes y es fácil que se cometan irregularidades como el paso de aspersores por zonas urbanas, fumigaciones aéreas muy cerca de las poblaciones y el uso indiscriminado de agroquímicos”.

El dirigente ambientalista Leonardo Alvarez, uno de los impulsores de la investigación sobre los niños banderilleros, se mostró conforme por la medida de Bermúdez, y fue más allá al indicar que “además del bajo número de inspectores, los que trabajan actualmente son ingenieros agrónomos que están a favor de los productores. Sólo se ocupan de minimizar los reclamos de la gente y poco les interesa la salud de la población, a pesar de que muchas veces los autoconvocados de Las Petacas los acompañamos a constatar irregularidades y les presentamos pruebas de muchas otras”.

Según señala en su dictamen la Defensoría del Pueblo, “existen solamente seis inspectores, que además deben cumplir tareas administrativas, de divulgación y capacitación”, un dato que para el Cepronat resulta “alarmante, dada la enorme superficie agrícola de la provincia de Santa Fe y la tendencia a aumentarla e intensificarla”.


Soja modificada
El documento elevado a la Gobernación señala que “los sistemas productivos agrícolas sufrieron una mutación trascendente, cuya manifestación más ostensible fue la incorporación masiva de una variedad de soja modificada genéticamente, que posibilitó a corto plazo mayor rendimiento económico de los campos respecto a las tradicionales actividades agropecuarias”.

“La contracara de esa supuesta bonanza —continúa el documento— es el monocultivo de soja hasta las primeras calles de las localidades, invadiendo incluso el ejido urbano de muchas de ellas y sometiendo a los habitantes a la fumigación directa y al contacto con los herbicidas cuyo almacenamiento está dentro de las zonas urbanas, al decolado de los aerofumigadores y a la contaminación por venteo de los granos almacenados”.

Inspección en Las Petacas. El caso de niños banderilleros motivó la investigación de la Defensoría.