Diputados citaron al ministro Rosúa por las denuncias de una camarista

Deberá explicar presunta connivencia entre narcos y policías que reveló la jueza Laura Cosidoy

La Cámara de Diputados de la provincia resolvió citar al ministro de Gobierno Roberto Rosúa para que informe qué medidas dispuso ante las denuncias de la jueza Federal Laura Cosidoy, quien al igual que en mayo de 2006 sostuvo públicamente que existe complicidad entre policías provinciales y narcotraficantes. Los legisladores de la Cámara baja también acordaron convocar a la magistrada para que amplíe sus denuncias sobre la connivencia policial con el tráfico de drogas.

La convocatoria al titular de la cartera política fue solicitada por el diputado socialista Antonio Bonfatti. El legislador pretendía la interpelación del ministro en el recinto aunque la iniciativa no prosperó por el rechazo del oficialismo. Finalmente, el cuerpo aprobó en forma unánime una simple citación formal para que Rosúa se pronuncie sobre las denuncias de Cosidoy. En declaraciones a la prensa la jueza aseguró que en la provincia de Santa Fe no existe voluntad política para perseguir el narcotráfico, que el ex titular de Drogas Peligrosas Aldo Monzón cobraba por no investigar la venta de drogas en boliches y que la recaudación ilegal de dinero proveniente del comercio de estupefacientes trepa hasta las más altas esferas de la administración provincial.

Asimismo, el cuerpo legislativo resolvió citar a la camarista Cosidoy para que detalle los casos de policías investigados por acciones al margen de la ley en procedimientos antidroga. También el gobernador Jorge Obeid planea reunirse con la magistrada, encuentro que podría concretarse en los primeros días de la semana que viene.

La polémica sobre la actuación de policías santafesinos en operativos por narcotráfico se reavivó el miércoles pasado cuando la jueza acusó a Monzón de haberse encargado personalmente de recaudar en boliches de Rosario mientras fue jefe de la ex Dirección de Drogas Peligrosas. Ante esa acusación el Gobierno pasó a disponibilidad al oficial, quien se defendió diciendo que la magistrada "se equivoca con él" y que el señalamiento público le provoca un "daño injusto".


No a la interpelación
La propuesta de interpelación fue denegada por el Justicialismo algo que se repite desde 1991 pese a que es un recurso previsto en la Constitución Nacional señaló Antonio Bonfatti ante LaCapital En el proyecto aprobado se prevé requerir a Rosúa que informe qué acciones administrativas se tomaron con los efectivos de la provincia denunciados por Cosidoy Junto a sus colegas del Tribunal Federal Oral N º 1 la jueza ordenó abrir 21 causas por negligencias policiales detectadas a lo largo de juicios orales por infracción a la ley de estupefacientes

En esas causas penales, que se investigan en la Justicia federal, los efectivos están acusados de interrumpir investigaciones antes de llegar a los niveles más altos del circuito de venta, extorsión, encubrimiento o negligencias en operativos por drogas. Pese a que el año pasado pidió informes sobre el estado de esas causas penales, el Gobierno aún no informó cuál es la situación administrativa de los policías nombrados, entre ellos dos titulares de comisarías rosarinas y otros que fueron ascendiendo en la fuerza.


Las preguntas.En
el encuentro con Rosúa para el que aún no se fijó fecha los legisladores requerirán informes sobre la política oficial para combatir el narcotráfico en la provincia y especialmente en Rosario qué medidas se aplicaron ante las declaraciones de la jueza federal si la Subsecretaría de Seguridad Pública tenía información o sospechas respecto de las actividades irregulares que se le atribuyen a Monzón y si se investigaron los civiles denunciados por la jueza como presuntos traficantes

"Entendemos que la jueza está denunciando un hecho muy grave, ahora con el respaldo de un fiscal federal. Lo menos que debe hacer el ministro es dar cuenta de las acciones desplegadas ante el problema del narcotráfico y las adicciones, un tema de Estado al que se le debe dar respuesta", consideró Bonfatti.

Los legisladores provinciales tuvieron un primer encuentro con Rosúa en junio del año pasado, luego de que la magistrada señalara que en dos bares del macrocentro rosarino se comercializaban estupefacientes con protección policial. "En aquella oportunidad no obtuvimos ninguna respuesta. Rosúa relativizó las denuncias y con posterioridad aparecieron algunos de los policías denunciados con cargos importantes en la fuerza. Desde entonces transcurrió un año y creemos que es necesaria una rendición de cuentas de lo actuado, porque lo que se observa es que el panorama permanece igual ante la inacción y omisión del Gobierno", reclamó el legislador. l

En junio pasado Rosúa ya dio cuenta ante los diputados.