Las armas de fuego y el Estado

Por Gustavo Heredia (*)
Sin dudas, las armas de fuego nunca fueron un aspecto colateral de nuestra civilización sino que, por el contrario, han sido uno de los elementos más influyentes en la determinación del modelo de Estado, del sistema de gestión pública del orden y, sobre todo, del modelo mismo de sociedad.

La conformación de los Estados Nacionales en la modernidad estuvo en relación directa con la restricción de la posesión de armas por parte de los individuos a través de la instauración del principio jurídico del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. Es él quien posee exclusivamente el ejercicio legítimo de la fuerza y por ende, posee la facultad de reglar en qué casos y bajo qué condiciones se le permite a un particular el uso de la violencia.

Existen en el mundo dos grandes paradigmas o modelos de gestión sobre las armas de fuego. Un modelo europeo (de influencia católica), con un fuerte centro de gravedad en el Estado y la administración, y un modelo estadounidense (de influencia protestante), más individualista y liberal, con el derecho a portar armas, no solo permitido, sino reconocido y garantizado por la famosa Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En ambos, el ejercicio legítimo de la violencia lo monopoliza el Estado. Sin embargo, la compleja esencia de cada uno de estos dos sistemas explicaría el espeluznante dato de que 90 millones de norteamericanos viven armados y tienen 200 millones de armas aproximadamente, en su mayoría pequeñas y ligeras. En Europa, tomando los siete países más representativos del viejo continente, sólo 14 millones de personas tienen armas, siendo la mayoría de éstas para caza mayor o deportiva.

Hemos presenciado en los últimos años en nuestro país, que la problemática de la seguridad pública y ciudadana frente al delito ha intentado resolverse con reacciones instintivas, no orientadas hacia la mejora del Estado administrativo, del sistema público de policía y de políticas de prevención. Muy por el contrario, se optó -no sin cuestionamientos-, por medidas “pragmáticas e individualistas” como es el recurso a la autoprotección armada, ya sea a través de la adquisición de armas de defensa personal o a través de la contratación de servicios de seguridad privada. Se generó así un mayor “consumo” de armas pequeñas por parte de ciudadanos que no poseen entrenamiento ni cultura en el manejo de las armas de fuego.

En la Argentina existen 1.240.000 armas de fuego registradas y se calcula que existirían otras tantas sin registrar. El número de legítimos usuarios registrados asciende a 624.735, a los que habría que sumar 200 mil personas más que tienen el permiso vencido. No contamos en estos registros las armas del personal de las fuerzas policiales y de seguridad. Entre 1993 y 2004, unas 310 mil armas salieron del control del RENAR y unos 175 mil usuarios que tienen su licencia vencida no han entregado sus armas ni han denunciado robo o hurto de las mismas. Según la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005 el 9,8% de las personas encuestadas reportó tener un arma en su casa, garaje, automóvil o depósito. El reporte de tenencia de armas fue mayor en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero.

Una integral política de seguridad en este tema debería comenzar por reducir el número de armas ilegales e implementar un riguroso control de importación, exportación, comercio y transmisión de las armas de fuego, evitando la innecesaria burocratización de los trámites e implementando, paralelamente, campañas de prevención del delito y crear sistemas aceitados de manejo de información y análisis de datos.

En este sentido la sanción de la ley 26.216 fue un paso contundente hacia el desarme de la sociedad civil y mayor control por parte del Estado de las armas de fuego. La ley declara la emergencia nacional en materia de armas de fuego, municiones y materiales controlados durante el término de un año y crea, también, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La norma insta al Poder Ejecutivo a realizar un inventario de las armas de fuego, municiones, repuestos principales, explosivos y materiales controlados, sean de carácter público o privado, en todo el territorio nacional, y prohíbe la fabricación y comercio de réplicas de armas de fuego y de juguetes.

El Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego tiene por fines la promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego, el cual se concretará en un canje de armas por un “incentivo” a determinarse en dinero. La futura reglamentación deberá establecer el procedimiento a implementar en este auténtico programa de desarme civil en cuya proyección estuvieron comprometidos diversos sectores de la sociedad.

Su implementación está proyectándose y afinándose detalles para llevarlo a cabo en las 24 provincias argentinas. Con esta medida el Estado vuelve a tener iniciativa y protagonismo en algo que tan estratégico como las amas de fuego.

La autoridad de aplicación será el Ministerio del Interior, a través del RENAR, pero se prevé la implementación de una Mesa de Coordinación interministerial y un Consejo Consultivo representado por sectores de la sociedad civil.

La Argentina debe aprovechar este gran debate nacional y mundial sobre qué modelo pretende de gestión de armas de fuego. Discutiendo esto, estaremos debatiendo y pensando un modelo de seguridad, de sociedad y de país. Las estadísticas muestran que mientras que en Europa una de cada 100.000 personas muere por el uso de armas, en EE.UU. la relación asciende a una por cada 6.000. Las diferencias están a la vista. Hacia donde se dirigirá la Argentina es también una decisión nuestra.



(*) Profesor Adjunto de Derecho

Constitucional I y II – UNR.

Integrante del Observatorio Público Para la Prevención de la Violencia Armada (OPPVA)