Reflexiones

Tribunal de casación: primera baja

Paul G. Krupnik

El pasado martes, la camarista Amelia Berraz de Vidal presentó su renuncia a la Cámara de Casación , la instancia superior en materia penal de la Nación. Adujo su intención de acogerse a la jubilación ordinaria en razón de su edad y pidió que el Presidente acepte la renuncia. Esta presentación se efectúa sólo unos días después del discurso presidencial en La Perla, en el cual increpó a los jueces de dicha cámara a acelerar las causas contra los represores caso contrario impulsaría sus juicios políticos. Luego de esa embestida del presidente Kirchner se sumó Anibal Fernandez quien le pidió al titular del Tribunal, Alberto Bisordi que renunciara para “hacerle un bien a la Patria” y se materializaron denuncias ante el Consejo de la magistratura contra los camaristas Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos. Ante este cuadro de situación la renuncia de Vidal no puede más que entenderse como la primer “baja” en un conflicto con el gobierno nacional que promete extenderse en el tiempo.

■□El tribunal de Casación Penal tiene cuatro salas aunque el mayor embudo en causas sobre derechos humanos se produce en la Sala IV especializada en temas militares. Hay en la actualidad 193 trámites recurridos por las defensas de ex militares. Estas actuaciones, sin resolución, son la causa de las renovadas demoras para el inicio de juicios orales a los autores de crímenes de lesa humanidad. De los 253 represores procesados, sólo seis fueron juzgados, condenados y enviados a cárceles. Hay siete expedientes sobre crímenes del terrorismo de Estado que ya llegaron a los tribunales orales porteños, pero las audiencias no pueden empezar porque Casación mantiene sin resolver planteos de los acusados. En total, cerca de cien recursos e incidentes demoran desde Casación, también durante la etapa de instrucción, las investigaciones en todo el país.╠

■□A la ya compleja situación planteada se sumó la diputada y consejera de la magistratura, Diana Conti, quien acusó a los jueces haber firmado convenios con la Armada, asistir a misas oficiadas por el ex obispo castrense Baseotto, la utilización de instalaciones de la Marina para distintas actividades y comparó a la Cámara de Casación con la “Corte Menemista” celebrando finalmente el alejamiento de Vidal, al que ve como una “renovación” de la justicia.╠

■□El fuerte ataque del kirchnerismo y sus hombres cayó pesado a nivel de salud institucional y generó un ambiente de “macartismo” que hizo que la Corte Suprema de justicia de la Nación

_nombrada casi integralmente por el mismo Kirchner_ saliera a respaldar la independencia del Poder Judicial en indudable apoyo a la cuestionada Cámara. Y si de salud institucional se trata tampoco resulta positivo que el nuevo Consejo de la Magistratura obedezca ciegamente al presidente, por tener el oficialismo amplia mayoría numérica en el mismo, lo cual imprime un “final cantado” a cualquier tema que allí se dirima.╠

■□Afirmó alguna vez Loewenstein que la independencia judicial “constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de Derecho”. Sin embargo, según ha escrito Tocqueville, tampoco puede perderse de vista que “el Gobierno ha demostrado siempre una gran repugnancia a dejar a la justicia ordinaria solucionar cuestiones que le interesaban a él mismo”.╠

■□Es cierto que en Casación, al igual que en la mayoría de los tribunales del país hay grandes demoras. Es verdad, que hay que apurar las causas de derechos humanos para poder condenar a los represores, pero también habría que apurar las causas de los jubilados que mueren durante el interminable trámite de reajuste de haberes y tantas otras víctimas de la kafkiana morosidad de los engranajes tribunalicios en todo el país. Pero nunca jamás podemos consentir como sociedad que en dicha dirección se avasalle la independencia judicial, porque es la garantía de igualdad de los ciudadanos ante la ley. La independencia no es un privilegio estamental sino una necesidad, y si bien jueces y funcionarios judiciales son muchas veces responsables de la morosidad, gran parte de la culpa la tienen los diferentes gobiernos que mantienen un Poder judicial subdimensionado, lleno de necesidades y con un sistema de enjuiciamiento vetusto e inconstitucional al que nadie se anima a efectuarle cirugía mayor.