Bolivia: Evo propone los azotes públicos como "justicia comunitaria"

La Paz. - Los latigazos públicos podrían ser reconocidos como un castigo que haga parte de una condena por la justicia boliviana, aunque no deberán causar daño al infractor, informó un funcionario gubernamental. Ese castigo, junto a la llamada de atención y los trabajados comunitarios forzosos, formarán parte de una ley que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales, con el fin de recuperar y otorgarle legalidad a antiguas formas de impartir justicia entre los indígenas, comunicó Petronilo Flores, el director de Justicia Comunitaria.

"Los chicotazos (latigazos) sólo deben ser simbólicos. No se puede permitir dejar marcas en el sancionado, porque ello significaría violar los derechos humanos", explicó Flores durante una exposición sobre los alcances del proyecto de ley de Justicia Comunitaria.

Tras asumir el gobierno en enero de 2006, Morales repuso el Ministerio de Justicia, al que encomendó impulsar la iniciativa. El proyecto de ley de Justicia Comunitaria está en el Congreso aunque todavía su tratamiento no tiene fecha.


Polémica
La propuesta encontró reparos entre los magistrados que reconocen las prácticas ancestrales pero cuestionan la idea de otorgarle un rango similar a la Justicia ordinaria y reclaman un debate mayor sobre los alcances y funciones de las mismas

Según el proyecto, el sistema de castigos se ejecutaría en pueblos indígenas y en comunidades campesinas. En muchos de ellos se aplica desde siempre, aunque sin el consentimiento legal del Estado.

El propósito de la futura ley es que "la justicia comunitaria y la ordinaria se complementen. Por ejemplo, en el caso de una violación, los afectados pueden pedir al Ministerio Público el examen forense que compruebe el delito o viceversa, y la comunidad colaborar con las investigaciones", explicó Flores.

Según el funcionario, la ventaja de los tribunales indígenas es que los asuntos se resuelven rápido, sin burocracia, y no implican costos para las partes. Los jueces nativos podrá emitir condenas de cárcel, pero en ningún caso una pena de muerte, que tampoco es la costumbre entre los "pueblos originarios".