Piden la creación de un juzgado de menores en Cañada

Cañada de Gómez.— Los concejales de esta ciudad volvieron a poner de manifiesto la necesidad de crear en el ámbito local un juzgado de menores, al aprobar una resolución en la que solicitan a la Legislatura santafesina “el pronto tratamiento de un proyecto de ley que presentaron los senadores de los departamentos Iriondo y Belgrano, Norberto Betique y Alberto Crossetti, respectivamente”.

   En ese sentido, argumentaron la solicitud en el considerable aumento de la cantidad de casos delictivos en esta ciudad y localidades vecinas en los que se encuentran implicados menores de edad, además de la imposibilidad actual de dar respuesta desde la estructura judicial del Distrito Judicial Nº 6, debido a que los casos son tratados en los estrados de Rosario.



Estadísticas. Los concejales explicaron que las estadísticas indican que en toda la región que cubre los departamentos citados se imputaron a más de un centenar de pibes de 11 a 17 años, y opinaron que la problemática de los menores que delinquen “bajo ningún punto de vista puede seguir siendo atendida desde Rosario”.

   En ese aspecto coinciden otros organismos locales, como la Secretaría de Promoción Comunitaria de la Municipalidad de Cañada de Gómez y la delegación del Colegio de Abogados de Rosario. Betique confió que “la administración de justicia representa una obligación insoslayable del Estado que no se está cumpliendo en función de las necesidades”.



Cifras alarmantes. En el proyecto presentado, el senador de Iriondo comentó que publicaciones periodísticas reflejaron “cifras alarmantes de delitos que involucran a menores de 18 años”. Esa misma fuente afirmó que los tres jueces de menores de Rosario tramitan anualmente más de 10 mil expedientes con menores como protagonistas.

   Los ediles Carina Mozzoni y José Luis Lapiuma confiaron en sus argumentaciones que el seguimiento de la justicia, en algunos casos, “va a permitir mejorar la contención de los chicos que en la actualidad se ven inmersos en un proceso de desintegración familiar por causas tanto económicas como morales”.

Los ediles sostienen que la problemática de los jóvenes que delinquen “no se puede seguir atendiendo desde Rosario”.