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Policías antinarcóticos bajo sospecha

El desplazamiento de varios efectivos del organismo encargado de combatir el narcotráfico en la provincia y el anuncio de que habrá más remociones actualizan el debate sobre la necesidad de expulsar hasta el último de los efectivos corruptos y de construir, de una vez por todas, una fuerza transparente y eficaz.

Bajo la apariencia de unos simples cambios de rutina, las modificaciones que se produjeron en los últimos días en la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones de la policía provincial ocultaban sin embargo la hipótesis de una trama de corrupción cuya gravedad, en caso de confirmarse, obligará a las autoridades de la provincia a investigar a fondo a una repartición que tristemente vuelve a ser noticia por las sospechas que se ciernen sobre algunos de sus efectivos antes que por su eficacia para cumplir con la misión de combatir el delito, en este caso el tráfico de drogas.

En efecto, tal como ha reconocido el propio ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, el reciente desplazamiento de varios funcionarios de la antigua Dirección de Drogas Peligrosas se produjo como consecuencia de las sospechas concretas que se ciernen sobre los policías desplazados, a quienes una investigación interna vincula con actos irregulares y casos de corrupción que en caso de comprobarse deberían desembocar en su expulsión de la fuerza y juzgamiento.

Independientemente del resultado de esas investigaciones, y de lo que resuelva la Justicia en caso de que los policías supuestamente comprometidos sean conducidos ante ella y hallados responsables de cometer delitos, cabe esperar de la propia Dirección General de Prevención y Control de Adicciones la decisión de llevar adelante las pesquisas con la máxima transparencia y hasta las últimas consecuencias. Y las autoridades políticas de la provincia no sólo deberían respaldar esas investigaciones sino exigirlas y reclamar prontos resultados.

El ministro Rosúa ya ha anticipado públicamente, a través de declaraciones que formuló a La Capital, que en los próximos días habrá más desplazamientos en la repartición encargada de combatir el narcotráfico en toda la geografía provincial. El comentario permite inferir que las sospechas sobre corrupción se extienden a policías que aún siguen en la repartición, lo que no hace más que multiplicar la demanda de una investigación rápida, transparente y ejemplar sobre una fuerza que necesita imperiosamente recuperar credibilidad y aumentar su eficacia.

Tal como se expresó en las crónicas sobre los últimos relevos, la imagen pública de la ex Dirección de Drogas Peligrosas está gravemente dañada por la sucesión histórica de sospechas de corrupción que recaen sobre sus efectivos, sospechas que incluso quedaron plasmadas en fallos judiciales que plantearon la probable conexión de muchos de sus integrantes con distintas formas del delito. Por eso, ante los últimos acontecimientos, el desafío consiste ahora en hundir el bisturí hasta el hueso y sentar las bases para la construcción de un organismo antinarcóticos serio y altamente profesional, que sea efectivo en su misión específica y contribuya, desde su lugar, a la construcción de una sociedad mejor.