Un tribunal que siempre generó suspicacias

En mayo pasado el procurador general de la Nación, Esteban Righi, había ordenado a sus fiscales hacer todo lo que estuviese al alcance de sus manos para acelerar las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. En rigor, fue más un gesto político dirigido a la Cámara Nacional de Casación por su dilación en el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de los indultos. Casación nunca se caracterizó por resoluciones progresistas y casi todos sus integrantes fueron recusados por los organismos defensores de los derechos humanos. Es la misma Cámara que accedió a excarcelar a militares presos por el Plan Cóndor y a la que le atribuyen demoras en la causa sobre los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Incluso, uno de sus integrantes, Alfredo Bisordi, se refirió por escrito a una detenida desaparecida como "delincuente terrorista". Paradójicamente, Casación había ordenado el regreso a prisión de Omar Chabán por la tragedia de Cromañón. Entre otros argumentos, adujo que "la especial gravedad de los hechos investigados" implicaban una posible condena a una pena "de severidad significativa".