Piden dos años de prisión para ex intendente de Victoria

Jorge Valverde y su gabinete están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público

Lizi Domínguez / La Capital

Victoria.- La fiscalía de la Cámara del Crimen de Gualeguay solicitó dos años de prisión en suspenso para el ex intendente de esta ciudad Jorge Valverde por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica en concurso real y omisión de los deberes del cargo en relación a una irregular licitación para explotar comercialmente la zona costera y balnearia local, que se llevó a cabo durante su gestión de gobierno.

Asimismo pidió un año y seis meses de prisión, también en suspenso, por los mismos cargos para los ex secretarios de Gobierno, Darío Rivero; de Planeamiento, Sebastián Berta; de Hacienda y Desarrollo Económico, Fabián Zorzabal, y el ex asesor letrado Carlos Omar Pacher, a quien sólo se le imputa falsedad ideológica.

En el juicio oral y público que se llevó a cabo en la Cámara del Crimen de Gualeguay se requirió además una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el término de cuatro años para Valverde, y dos para el resto de los acusados. No se descartó la posibilidad de imponerles multas por el supuesto fraude cometido contra la comuna.

Por su parte, la defensa pidió la absolución y rechazó de plano la aplicación de cualquier sanción económica bajo el argumento de que la licitación en cuestión finalmente no fue consumada, por lo que supuestamente no hubo dolo. El tribunal, integrado por Edgardo Garibotti, Antonio Cirigliano y Alberto Seró, dará a conocer la sentencia el próximo viernes 23.

Jorge Valverde (PS) asumió la Intendencia de Victoria en 2002 en reemplazo de Gracia Jaroslavsky, luego de que ésta abandonara el cargo para ocupar una banca como diputada nacional.

La gestión del intendente -que gobernó cuando se produjo la habilitación del enlace vial Victoria-Rosario- se vio empañada por la denuncia de siete concejales que detectaron serias anomalías en la licitación pública que se realizó en diciembre de ese año y en la que resultó adjudicatario Manuel García, un victoriense que reside en Rosario que se presentó como único oferente para la explotación de toda la zona costanera, el balneario municipal, baños públicos, un comedor y parrillas.

Los ediles sancionaron una ordenanza para anular el acto pero ésta fue vetada de inmediato por el Ejecutivo; sin embargo días más tarde la Intendencia resolvió dejar sin efecto la concesión otorgada a García.

Tras estudiar el expediente de 1.400 fojas que llevó la investigación, el juez de instrucción Jorge Brasesco dictó el procesamiento de Valverde y todo su gabinete, quienes apelaron la medida ante la Cámara de Apelaciones de Paraná, la cual finalmente confirmó el fallo del magistrado victoriense.

Luego de notificados los acusados presentaron la renuncia a sus cargos menos Valverde, quien sostenía que gobernaría hasta el 10 de diciembre de 2003, fecha en que culminaba su gestión al frente de la comuna. Sin embargo el Concejo lo destituyó y designó al entonces presidente del cuerpo, Carlos Claro Díaz, como su reemplazante interino, basándose en los artículos 80 y 81 de la ley 3.001 de municipalidades de Entre Ríos que establecen que todo jefe comunal procesado debe cesar de inmediato en sus funciones hasta tanto se resuelva su situación.

"Clarito", como lo conocen en el pueblo, asumió a mediados de agosto de 2003 y continuó hasta el final de esa inestable gestión de la Alianza.