Drogas: las denuncias también involucran a policías federales

Los objetan en juicios en Rosario, entre otras cosas por desviar parte de lo incautado o haber favorecido a narcos

El informe de la Justicia federal que detalló las acciones irregulares de la policía santafesina en operativos contra el tráfico de drogas también documentó casos de policías federales denunciados por negligencias o acciones sospechosas durante los procedimientos. En ese documento se refiere que policías de Drogas Peligrosas de la Federal se quedaron con el dinero o parte de la droga incautados en allanamientos, liberaron sin permiso a un hombre sindicado como el líder de una banda, dejaron partir a los proveedores de la droga o efectuaron detenciones ilegales.

Esas prácticas están referidas en un documento del Tribunal Federal Oral Nº 1 con fallos de 2001 a 2005 en las que, al término de juicios orales, se decidió abrir causas contra los investigadores. Son 21 fallos de los jueces Laura Cosidoy, Otmar Paulucci y Santiago Harte en los que les piden a los fiscales o jueces federales que investiguen a policías -tanto federales como provinciales- por mal desempeño.

Ese informe está en el juzgado Correccional Nº 3 de Rosario, a cargo de Horacio Benvenutto, donde se investiga si efectivos santafesinos incurrieron en incumplimiento de sus deberes durante esos operativos. Aunque el juez podría archivar las actuaciones si prospera un pedido de la fiscal María Eugenia Iribarren (ver aparte).

El primer caso documentado en el que ese tribunal oral denunció a policías federales fue por un operativo de la Sección Inteligencia Zona Sur de la Policía Federal Argentina. Consistió en el secuestro de once paquetes con 8.943 gramos de cocaína a una pareja que circulaba en moto por la ruta 9, el 27 de agosto de 1999. Los imputados reconocieron que la droga secuestrada les pertenecía, pero aclararon que llevaban más: unos 12 kilos. Por eso, al condenar a los detenidos el 5 de marzo de 2001, los jueces le pidieron al fiscal federal en turno que investigara "si existió apoderamiento ilícito de parte de la droga" por parte del oficial Marcelo Marcos (que es policía provincial) y otro policía de apellido Romero.

También pidieron que se investigue porqué los efectivos dejaron escapar a un Peugeot 404 color oscuro y con vidrios polarizados, desde el cual sus ocupantes entregaron una mochila con la droga a la pareja de la moto. Los funcionarios no pudieron explicar por qué dejaron ir el auto, que estaba a la vista desde los móviles policiales, ni por qué liberaron sin orden judicial al principal sospechoso de la operación.

Otro episodio se ventiló en agosto de 2001, al final de un juicio a un joven de 27 de años de Pergamino al que le secuestraron una bolsita con marihuana en 1999. El operativo fue anulado porque al joven lo requisaron sin testigos y sin un motivo válido. El sargento José Alejandro Elías y el cabo primero José Antonio Robba terminaron investigados por falso testimonio.

Una situación similar se denunció en febrero de 2004, cuando el tribunal ordenó investigar al policía federal Gustavo Canteli y al cabo primero Walter Vera. Se los acusó de haber insertado datos falsos en el acta por la detención de un hombre al que, en enero de 2003, le sacaron un envoltorio con cocaína del pantalón. El imputado terminó absuelto porque su detención fue ilegal e injustificada.

El mismo mes, los jueces cuestionaron un operativo de Drogas Peligrosas de la Federal comandado por el oficial Diego Parvluczyk, el policía que estuvo procesado como presunto autor del crimen de Sandra Cabrera, la dirigente gremial de las meretrices rosarinas, luego desvinculado por la Cámara Penal. El reproche es por un operativo que realizó el oficial contra una mujer que terminó condenada a dos años de cárcel por la tenencia simple de 7 gramos de cocaína en una casa de Barra al 3000.

Pero la "ineficiente labor policial", de la que también participaron los efectivos Paredes y Enrique, hizo que no se pudiera comprobar si en el lugar se vendía droga. Los policías sólo aportaron una filmación tomada "a 150 metros del sitio investigado, y en la que no se veía la puerta ni la ventana de la casa o el quiosco". No les abrieron causa penal por eso, pero notificaron de la situación a sus superiores.

Quienes sí afrontaron consecuencias legales fueron el cabo Hernán Castro y, nuevamente, el oficial Gustavo Canteli. Fue por un allanamiento del 27 de junio de 2003 en un negocio de Granadero Baigorria donde encontraron 34 envoltorios de cocaína. Lo que no refería el acta policial es que debajo de una mesa de luz había un fajo de dinero que, según los testigos, fue secuestrado por los policías. El propio imputado reveló que la policía se quedó con "unos 3.500" pesos suyos.

Como los policías federales no pudieron explicar qué destino tuvieron los billetes, los jueces de Tribunal Oral Nº 1 pidieron que les abrieran una causa por falso testimonio, falsedad instrumental y hurto de dinero. Esta vez, además, notificaron al Ministerio de Justicia de la Nación y exigieron que -hasta tanto la causa contra los uniformados fuera resuelta- no les asignaran funciones en la jurisdicción de ese tribunal.

Tribunales Federales, donde se ventilaron las sospechas.