Ex comandantes de Uruguay reconocen crímenes de la dictadura

Montevideo- Ex comandantes del ejército uruguayo reconocieron hoy los crímenes cometidos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985, aunque no se mostraron arrepentidos de esos hechos.

Además, deslindaron responsabilidad por excesos de algunos militares, como el robo de la nieta del poeta Juan Gelman, nacida en cautiverio en Montevideo en 1976.

La carta, que reconoce que los oficiales actuaron por órdenes de los jefes del ejército, está firmada por nueve militares que comandaron las fuerzas armadas desde el retorno de la democracia y por el último presidente del gobierno de

facto, Gregorio Alvarez.

“Los militares nos hacemos responsables de todo lo que hacen los subalternos. (Pero) pedir perdón, no. Antes caer de espaldas que de rodillas”, dijo Alvarez a periodistas.

La declaración, difundida hoy en medios locales, no especifica cuáles crímenes se reconocen y se presenta en momentos en que cinco militares retirados y un ex policía están detenidos tras un pedido de extradición desde Argentina por el

secuestro de María Claudia García, nuera de Gelman, en 1976 en

Buenos Aires.

Esta es la primera vez desde el fin de la dictadura que uniformados declaran y son detenidos por investigaciones relacionadas con víctimas del gobierno militar.

“Entendimos que en un momento en que están tan complicadas las cosas era bueno que nosotros dijéramos que estábamos (...) que fuimos responsables de lo que corresponda, ese es el espíritu. Salir a decir que somos responsables”, dijo el ex comandante Raúl Mermot a una radio de Montevideo.

“Si hay algo que se hizo, donde no responde a un plan o no responde a una orden precisa, no soy responsable. Exceso es otra cosa, eso corre por cuenta de quien lo hizo y eso se verá cómo se juzga”, respondió Mermot cuando se le preguntó sobre casos como el de la nuera de Gelman.

Si bien reconocen los crímenes, los militares se han opuesto a las extradiciones con el argumento de que lo sucedido está cubierto por una ley de amnistía aprobada en los años siguientes al fin del gobierno de facto.

La norma prohibe los juicios a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y en esa ley se ampararon los gobiernos democráticos anteriores para frenar investigaciones sobre el destino de las víctimas.

Pero el presidente de izquierda Tabaré Vázquez, quien asumió en marzo del 2005, excluyó varios casos de la ley debido a que ocurrieron en Argentina, donde la norma de perdón no tiene competencia.

Meses después de la asunción de Vázquez, las Fuerzas Armadas reconocieron, por primera vez oficialmente, la tortura y muerte de detenidos políticos durante la dictadura.

María Claudia García fue secuestrada en Buenos Aires con un embarazo avanzado y trasladada clandestinamente a Montevideo donde dio a luz a una niña. Según el ejército, la joven argentina fue luego asesinada y enterrada en un terreno

militar.

Pero los militares afirman que su desaparición no obedeció a una acción en la lucha contra la guerrilla, sino que fue una operación ilegal para quitarle al bebé.

“Eso no fue un acto de servicio, (fue) una mala derivación. La derivación se aparta de la orden inicial, ese es mi criterio, pese a que firmamos todos, tenemos puntos de vista que discrepan en un ápice”, explicó Mermot.

En Uruguay desaparecieron unas 30 personas, de un total de 180 secuestradas en operaciones conjuntas de las dictaduras que gobernaban la región en la década de 1970.

A fines del año pasado se descubrieron los dos primeros cuerpos de víctimas del gobierno militar durante excavaciones en busca de tumbas clandestinas.

Cientos de uruguayos fueron encarcelados durante años, algunos más de una década, acusados de pertenecer o apoyar a los guerrilleros de izquierda y miles partieron al exilio.