Cautela por los anuncios de reforma agraria en Bolivia

El gobierno de Evo Morales descarta expropiaciones

La Paz. - Influyentes grupos empresariales ligados a la agroindustria en Bolivia reaccionaron con cautela ante la decisión del gobierno de descartar una expropiación masiva de latifundios y distribuir hasta 4,5 millones de hectáreas de tierras fiscales a campesinos pobres. "Si se viola el derecho propietario se vendrán medidas de fuerza", advirtió el presidente de la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Céspedes, en la reacción más dura al plan de reforma agraria anunciado por el vicepresidente Alvaro García Linera en Cochabamba, al centro de Bolivia.

"Nadie expropiará tierras, se garantizará la propiedad que está cumpliendo la función económica y social como dice la Constitución", dijo García Linera durante la presentación de un proyecto de ley y seis propuestas de decreto con los que el gobierno se propone distribuir en el menor tiempo posible una cantidad de tierras y acelerar el saneamiento de la propiedad agrícola. "Vemos que es positivo el hecho de que el gobierno llame a concertar", opinó Gabriel Dabdoub, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz en el oriente, la región más próspera y extensa de Bolivia.

García Linera dijo que el gobierno buscará "un proceso de concertación" con los sectores agrarios en esa ciudad, sede de los gremios empresariales agrícolas que pidieron al gobierno consensuar la reforma. Advirtió, sin embargo, que el diálogo no se prolongará indefinidamente. El temor en los grupos empresariales es que la reforma derive en expropiaciones masivas.


No a la autonomía
El anunció se conoce en momentos en que medios de prensa informan que el oficialismo no apoyará una campaña en favor de las autonomías regionales que impulsan influyentes grupos de Santa Cruz con la supuesta intención de recortar atribuciones al gobierno central. Esa reforma será sometida a un referéndum el 2 de julio.

García Linera dejó en claro que la redistribución de tierras sólo beneficiará a campesinos y comunidades indígenas, no así a los empresarios que en la primera reforma agraria de 1953 recibieron un 95% de las tierras redistribuidas entonces mientras sólo un 5% fue a manos de los campesinos.

Con las reformas a la actual ley agraria el gobierno de Evo Morales se propone acelerar la reversión de grandes extensiones de tierras que no cumplan una función económica y social, la mayoría de las cuales fueron entregadas a influyentes grupos vinculados al gobierno dictatorial del ex presidente, general Hugo Banzer (1971-1978).

Para la oposición el gobierno busca avivar un sentimiento nacionalista con el propósito de lograr la elección de dos tercios de representantes a la Asamblea Constituyente el 2 de julio. El 1º de mayo el presidente Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos.

El vice boliviano entrega títulos de tierra a campesinos de Cochabamba.