Ingresos públicos. El nuevo titular del organismo expuso los planes para mejorar el control fiscal

La API escrachará a los cien deudores más grandes del impuesto inmobiliario

Hector Serravalle señaló que lanzarán nuevos operativos de fiscalización y controlarán los convenios multilaterales

El titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Héctor Serravalle, anunció ayer la puesta en marcha del Plan Cien, una estrategia destinada a cercar a los 100 deudores más grandes del impuesto inmobiliario urbano y rural, a través de operativos de fiscalización y una campaña de difusión de los nombres de esos contribuyentes. La iniciativa, que se pondrá en marcha en un mes, forma parte del objetivo del gobierno provincial de elevar el perfil del organismo recaudador y aumentar la percepción de riesgos sobre un “núcleo duro” de sectores con capacidad contributiva que no le pagan al fisco.

  Serravalle llegó a la API a fines de abril con la misión encomendada por el gobernador Jorge Obeid de mejorar la recaudación por vía de un mayor control fiscal, sin aumentar valuaciones ni alícuotas impositivas. Presentado como el “Santiago Montoya santafesino”, el funcionario rechaza el apelativo y prefiere ubicarse en un punto intermedio entre el mediático recaudador de la provincia de Buenos Aires y el más contenido jefe de la Afip, Alberto Abad. De todos modos, no reniega que “a veces” es buena una dosis de espectacularidad en la gestión fiscal porque “los contribuyentes que pagan tienen que saber quiénes son los que no lo hacen”.

  —¿El objetivo de fortalecer la API tiene que ver con una expectativa en la caída de la recaudación?

  —Nuestra cobranza en el inmobiliario rural está por encima del 80% y en el inmobiliario urbano por encima del 70%. Estos números indicarían en principio un cumplimiento alto. Pero la provincia no actualizó sus valuaciones fiscales, ni incrementó las alícuotas. O sea, que el impuesto en Santa Fe es comparativamente más bajo que en otras provincias vecinas. Por lo cual, no hay ninguna excusa para no agotar los medios para cobrarle a ese 20% de propietarios de inmuebles rurales o 30% de urbanos. En este último caben algunas concesiones, por el impacto de la crisis. Pero nuestra idea no es ir a rematar viviendas únicas de personas desocupados. Sí llegar hasta la última medida para los grandes propietarios que deben.

  —¿Con qué herramientas cuenta?

  —En primer lugar queremos cada día tener una relación más cercana con el contribuyente. En un par de semanas va a estar activo en el portal del gobierno de la provincia, una ventana para que el contribuyente, con una clave fiscal, pueda ver ver cómo está su cuenta de pagos, y hacer las consultas y reclamos pertinentes. Pero también a nosotros nos va a dar una serie de ventajas. Podemos ver en tiempo real quién está inscripto y no pagó, cuáles fueron los contribuyentes que cambiaron abruptamente su base de imposición, etcétera. Estamos avanzando rápidamente con la tecnificación informática de la API, con avances en algunas áreas en el corto plazo y, al mismo tiempo, esperando el fin de la licitación para la reconversión integral, de mediano plazo. Después tenemos nuestros operativos y la información que viene de la Afip. Esto nos permite direccionar la tarea. Los viejos operativos rastrillo están quedando atrás y vamos a un proceso de fiscalización inteligente. Los ejecutores trabajan con un equipamiento de la Afip para mejorar su tarea. Estamos muchos más activos con el cobro judicial, que siempre fue nuestra pata floja.

  —¿Cuántos morosos están en situación judicial?

  —Estamos confeccionado estadísticas. El problema del cobro judicial es que la provincia está obligada a iniciar juicios a todos aquellos que no pagan. Pero la realidad demuestra que mientras se tramita el proceso, muchos de estos deudores se insolventan o simplemente mueren. Entonces tenemos una buena cantidad de juicios que tienen pocas posibilidades de cobro. La tarea que estamos haciendo es separar lo cobrable de lo no cobrable. Tenemos que desglosar un monto que tiene cifras de varios ceros, y llegar a lo que realmente es cobrable. Y ahí sí, si no pagan, llegar a la subasta judicial. Hay más de 10 mil juicios y el organismo tiene 12 abogados. Por eso buscamos que la Afip nos ayude con este sistema de ejecuciones fiscales.

  —¿Qué sector es el más evasor?

  —Por razones obvias, no podemos decir que vamos a fiscalizar a Juan Pérez, porque mañana cierra el negocio. Pero en las próximas semanas seguramente van a tener quejas de sectores que están siendo fiscalizados, porque cada uno al que le cae un operativo, se queja. Tenemos planes de acción inmediata, que se van a lanzar en un par de semanas.

  —¿Ingresos brutos es el impuesto más “sensible” a la evasión?

  —Ingresos brutos para nosotros es el 64% de la recaudación. Es muy productivo para la provincia, pero donde no tenemos posibilidades de cobro como en el impuesto inmobiliario o patentes, donde es más fácil detectar el evasor y el bien que trabaja como garantía. En ingresos brutos tenemos un contribuyente que desarrolla una actividad y sobre el cual tenemos un margen posible de impuesto. En base a eso orientamos la fiscalización. A veces tenemos que hacer fiscalizaciones indirectas, yendo a etapas por las que ese contribuyente necesariamente tiene que pasar.

  —¿Van a poner la lupa sobre los convenios multilaterales?

  —Por el sistema del convenio multilateral, los contribuyentes con actividad en más de una provincia deben declarar lo que tributan en cada una de ellas. Pero hay muchos contribuyentes dentro de estos convenios, que les pagan a algunas provincias y a otras no. También hay quienes buscan derivar impuestos a otras jurisdicciones, muchas veces con operaciones ficticias. Los contribuyentes de convenios multilaterales son el 45% del total de ingresos brutos. Y bien fiscalizados, llegarían al 50%. La API tiene una divisional Buenos Aires, donde está la mayor cantidad de firmas que operan en distintas provincias. Allí trabajan 25 personas que están abocadas a fiscalizar estos convenios, y ver que el que paga en Buenos Aires, no nos deje a la cola. Esta división se va a reforzar. En este rubro hay cadenas de supermercados, actividades de fabricación, etcétera.

  —Si por la reactivación se hizo más fácil pagar impuestos, el porcentaje que queda es un núcleo duro.

  —Sí, quedan núcleos duros. Son los mismos sectores que tiene identificados la Afip, con alto grado de informalidad y muchas maniobras elusivas, como pasar como exportaciones, operaciones del mercado interno.

  —¿Es el Montoya santafesino?

  —No me gusta compararme con otros recaudadores. Cada un tiene su perfil y metodología. Tanto lo que hace Montoya como lo que hace Abad es digno de elogio, porque ambos ponen mucho empeño en esto. Nosotros vamos a tratar de crear un perfil made in Santa Fe, que tal vez sea una mezcla de los dos. Todas la herramientas son válidas.

  —¿Van a incorporar personal?

  —El ministro nos dio el OK para que empecemos a renovar los cuadros de la administración, lo cual es una excepción en una provincia donde la política es no agrandar el empleo público, salvo donde hace falta. Siempre se habló de la policía y de la educación como excepciones. Ahora se agregó la API.

  —¿Van a publicar la lista de morosos en Internet?

  —Sí, no sólo en Internet. Tienen que figurar en las páginas de los diarios. El ciudadano común tiene derecho a saber quién es el que está debiendo impuestos, que son parte de su esfuerzo. Estamos depurando las listas para no cometer injusticias. Lanzamos el Plan Cien, que es para ir por el cobro sobre los 100 más grandes deudores del impuesto inmobiliario rural y urbano. Hay una correspondencia casi lineal: las grandes deudas corresponden a grandes propiedades.

  —¿Premiarán a los cumplidores?

  —Tal vez sí. Para años futuros podemos estudiar un plan de descuento para los cumplidores. Este año no, porque ya están e la calle las dos últimas cuotas.

Héctor Serravalle, dispuesto a "elevar el perfil" del organismo recaudador.