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miércoles,
17 de
mayo de
2006 |
Campo
y empleo
Un trabajo de Llach, Harriague y O'Connor demuestra que la cantidad de empleados en las cadenas agroindustriales llega a 5,5 millones de personas o 35,6% del total de gente que trabaja, incluyendo Plan Jefes y Jefas de Hogar en Argentina. Para quienes sostienen que la actividad primaria agropecuaria es un sector que genera poco empleo, la cifra es demasiado elevada. Los avances tecnológicos de los últimos tiempos, la economía de escala y la crisis de los noventa que originaron fuertes corrientes migratorias rurales-urbanas despoblando vastas regiones con economías predominantemente rurales, contribuyeron a afirmar esta línea de pensamiento. Para quienes tienen una visión agrarista, el número es bajo. Lo hacen a partir de considerar al agro y la cadena subsiguiente, más todo lo que se pueda relacionar, como el motor principal de la economía argentina. No pretendo discutir la cifra ni llevar adelante una discusión bizantina sobre lo expresado precedentemente. Es claro que, por lo que involucra de manera directa y lo que moviliza colateralmente, si la actividad, a partir del propio proceso productivo, marcha bien, mejora la situación del interior e incluso de las grandes ciudades y el país en general. Muchos servicios funcionan mejor y se desarrollan; la construcción ídem; el turismo también y así podríamos seguir. Los pueblos progresan, la recaudación mejora, aparecen obras públicas largamente demoradas... Como ejemplo basta observar cómo están hoy Rosario -centro agrícola del país- o muchas ciudades de menor envergadura del interior. Desde este punto de vista alguien hasta podría decir que la mayor parte de la población argentina tiene su destino económico ligado a lo que sucede en la actividad agropecuaria. Sería algo parecido a una exageración. La necesaria objetividad impone considerar al conjunto, y éste es más que la agroindustria por más importante que resulte para el país. El desafío es transformar este proceso en sostenible, porque actualmente no lo es. El desarrollo sostenible debiera ser una política de Estado. El incremento de la producción, el agregado de valor en origen para generar mayor cantidad de puestos de trabajo, ingreso de divisas y diversidad de mercados aparecen, dentro del mismo, como una cuestión central.
René A. Bonetto
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