Procesan a sargento por vender tres veces su arma reglamentaria

Ante un juez, dijo haberlo hecho “para darle de comer” a su numerosa familia

El sargento Ariel Armando Duarte declaró ante la Justicia que vendió cuatro de sus armas reglamentarias porque atravesaba una difícil situación económica, que necesitaba dinero para “darle de comer” a su familia. Y afirmó que su actual mujer, con la cual tiene cuatro de sus ocho hijos, sufre una incapacidad física. Pero esos argumentos no le alcanzaron para zafar de un serio reproche judicial: peculado en concurso real con malversación de caudales y falsa denuncia. Esos fueron los delitos que un juez de Instrucción le imputó en el auto de procesamiento al sargento de la policía provincial que entre febrero y marzo de este año vendió cuatro pistolas calibre 9 milímetros, tres de las cuales eran las que le proveía el gobierno para trabajar, luego de denunciarlas como sustraídas en distintos asaltos.

  El fallo, que es preliminar y no está firme porque la defensa del imputado tiene posibilidad de apelar ante la Cámara Penal para que lo revise, alcanza además a cuatro vecinos y familiares del sargento en cuestión, quienes fueron declarados con distintos grados de encubrimiento y portación ilegal de armas porque habrían sido quienes adquirieron y guardaron los artefactos cuando sabían el origen ilícito de los mismos.

  El caso se ventiló públicamente el 6 de marzo pasado cuando fue detenido el sargento Duarte, quien trabajaba en la seccional de la localidad de Coronel Domínguez. Por aquellos días, el suboficial se encontraba de licencia por “problemas familiares” y durante el proceso judicial abierto en su contra declaró que juntaba unos pesos “haciendo changas de albañilería”.

  Pero al cabo de más de dos meses de investigación, el juez de Instrucción Nº 4, Jorge Eldo Juárez, probó que la changa consistió en falsificar, entre el 9 de febrero y el 2 de marzo, denuncias de hechos de robo perpetrados en su perjuicio. Entre esos días, Duarte adujo haber perdido en diferentes hechos nada más y nada menos que cuatro pistolas 9 milímetros, armas consideradas de guerra: dos marca Browning y dos High Power. Las que denunció como sustraídas en los tres primeros asaltos eran las armas reglamentarias que el gobierno le había entregado al sargento para trabajar. Con respecto a la restante, se sospecha que habría sido robada en otra provincia.

  Las maniobras del policía fueron tan burdas que no pasaron desapercibidas frente a sus superiores, a los que les llamó la atención la seguidilla de asaltos que reportó el policía como víctima. Por eso, y mediante una orden de allanamiento del propio Juárez, agentes de Unidades Especiales revisaron su vivienda, ubicada en el barrio Las Flores. Abrumado por los indicios en su contra, Duarte terminó por confesar la verdad y mencionó los nombres de los compradores, quienes viven en la misma manzana. Esas personas son Gustavo O., Samanta O., Claudia Teresa R. y Pedro P.

  Al concluir la instrucción del expediente, el juez Juárez concluyó que “existen méritos para tener por acreditados tres episodios de malversación de caudales públicos atribuibles a Duarte”. En los fundamentos del fallo, el magistrado afirmó que el funcionario policial “mediante falsas denuncias de hechos de robo simuló que le sustrajeron las armas provistas por el Estado, y que éstas fueron a parar a gente que, además de no estar habilitada para la portación, las utilizaría con fines de lucro”.

  Además de la propia confesión que el imputado hizo en el interrogatorio sumario, Juárez tuvo en cuenta un examen psicológico del imputado en el cual se “detectaron una marcada ansiedad, dificultad en el control de los impulsos y una marcada incordinación motora”. En ese estudio también se remarcó que Duarte “presenta un discurso teñido de contradicciones, sin conciencia de la gravedad de los hechos que se investigan y sin demostrar compromisos con la función policial”.

  La pericia además reveló los problemas de alcoholismo que padece el sargento y que lo excluye de cualquier tipo de tarea con portación de armas. “En ocasiones se pierde y no sabe lo que hace. No obstante, esto no significa un problema para él, lo cual indica que no posee conciencia de la enfermedad”. En cuanto a los presuntos encubridores, Juárez no les atribuyó un rol menor y los procesó por encubrimiento agravado y portación ilegal de armas de guerra.

Las 9 milímetros no duraban mucho en la cartuchera del sargento procesado.