Editorial

Boleto: el precio político y los padecimientos de los usuarios

Hace mucho tiempo que el transporte urbano de pasajeros es un grave problema para Rosario. Y ello se debe a que quienes tienen que resolverlo, observan la escena con el prisma que no corresponde: lo hacen desde de su propia y coyuntural conveniencia, en vez de a través de las necesidades de la gente. Es hora de que se elabore un proyecto serio, que termine con los colectivos vetustos y las esperas fastidiosas.

Una preocupación permanente de los rosarinos que perdura a través del tiempo y que aún carece de solución es la que provoca el servicio de transporte urbano de pasajeros. Y a través del tiempo, también, se extienden modalidades de fijación de precios del pasaje que no se ajustan ni a la realidad, ni al sentido común. Las consecuencias están y estuvieron siempre a la vista: un servicio que no responde a las necesidades de la población ni es rentable para las empresas privadas que poseen las pertinentes concesiones.

Por estos días, una vez más se vuelve a una práctica lamentable para establecer el precio del boleto: la observancia de la cuestión política. El oficialismo, como siempre, habrá de procurar que el incremento del boleto no impacte en la imagen de la administración y la oposición habrá de negarse seguramente a todo tipo de aumento para agradar con su negativa a los vecinos de Rosario, aunque todos sepan que ella entraña una cuestión tan injusta como irresponsable, porque a un precio vil del boleto nadie podrá brindar un servicio eficiente. Todos los actores en la escena del transporte urbano terminarán, como de costumbre, perjudicados: usuarios y transportistas. Los primeros porque las unidades seguirán estando en pésimas condiciones, las frecuencias serán deplorables y las consecuencias serán largos plantones con el consiguiente acopio de riesgo que ello implica en lugares pocos seguros de la ciudad y en horas de la noche. Las empresas, como hasta ahora, seguirán prestando como pueden un servicio que les implica pérdida.

En este marco, es hora de que las autoridades de la ciudad, esto es los funcionarios del Departamento Ejecutivo y los concejales, elaboren un proyecto serio. Sin dudas este proyecto deberá comprender como punto esencial varios aspectos: el primero de ellos es que el boleto no puede fijarse teniendo en cuenta razones políticas y en este sentido se debería dar participación a entidades educativas para que sus investigadores realicen estudios que determinen cuál debe ser el precio del boleto para un servicio que comprenda colectivos confortables, en adecuadas condiciones, y frecuencias que no exijan al pasajero permanecer más de cinco minutos parado en una esquina aguardando el transporte.

Este precio debería, por otra parte, asegurar a las empresas una adecuada rentabilidad y la posibilidad cierta de hacer frente a todas las obligaciones tributarias y otras que son de rigor en una flota de transporte como mantenimiento adecuado, seguros, etcétera.

Por otra parte, la Municipalidad debería tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: la primera de ellas es que el Estado no puede bajo ningún aspecto convertirse en una empresa con fines de lucro, porque él no está para consumar negocios y por el mismo motivo debería intervenir en el transporte urbano como un agente que ayuda, con un servicio de transporte social y excepcional, a aquellas personas carenciadas que no pueden hacer frente a los costos de los servicios regulares. Esto supone, incluso, la alternativa de establecer en la ciudad varias clases de transporte de manera de satisfacer las necesidades de todos los presupuestos.

De hecho, es absolutamente injusto y un despropósito que el Estado cobre por el pasaje lo mismo que una empresa privada. Por ello, sólo le corresponde al ente estatal pertinente erigirse en auxiliar del servicio y no en otra empresa que obtenga beneficios económicos y mucho menos que compita con el sector privado. En suma, que el Estado debe participar, en la modalidad que sea menester, cuando la persona no puede, por falta de recursos, acceder al servicio regular. Por eso es necesario que la Municipalidad llame a licitación para la concesión de todas las líneas y reservarse para sí un servicio exclusivamente de carácter social.

Lo que de ninguna manera puede seguir sucediendo es que el boleto tenga un "precio político", pensado en función del rédito, la imagen y las elecciones. Esto constituye una falacia y termina siendo en los hechos perjudicial para todos, especialmente para los usuarios. Por otra parte, es menester que se termine con la paralización de los servicios de transporte de taxis y colectivos. La protesta es válida, pero ella no puede conculcar el derecho de la población y menos aún cuando la protesta carece de fundamento o es lisa y llanamente descabellada.

El transporte es un servicio esencial para la comunidad y sus aspectos no pueden ser tratados por funcionarios y concejales teniendo en cuenta la circunstancia política. De persistirse en esta modalidad, también persistirá un servicio deficiente que tiene al ciudadano rosarino como víctima; víctima de unidades en mal estado en las que debe trasladarse poco menos que hacinado y sin las mínimas condiciones de confort e higiene y víctima de esperas fastidiosas y peligrosas.