Operación Cangrejo. El juez Carbone se basó en escuchas, fotos, allanamientos y testimonios para imputar a 18 personas

Procesan por fraude a técnicos de la EPE, comerciantes y clientes

El magistrado indicó que aún falta resolver la situación de cuatro comerciantes. La sentencia puede apelarse

Lucas Ameriso / La Capital

El juez de Instrucción Nº9, Carlos Carbone procesó a 18 personas entre empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), comerciantes y particulares acusados de haber cometido fraude contra la administración pública, hurto de energía y daño de medidores en un fallo que no registra precedentes por la constatación de las características de las maniobras delictuales y por la composición de los imputados en el perjuicio contra el Estado. No obstante, el magistrado dictó falta de mérito para un agente de la EPE. La resolución podrá ser apelada ante una instancia superior y según indicó Carbone, "aún falta resolver la situación de cuatro comerciantes vinculados a la causa".

El affaire energético fue bautizado por los propios investigadores como "Operación Cangrejo" en alusión a los medidores de luz fraudulentos que hacían caminar para atrás el consumo.

Pero también se adulteraban medidores, cambiaban cables y realizaban conexiones directas a la red (más conocido como puente). Los enganches clandestinos se produjeron en las zonas oeste y norte, en Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, e involucró tanto a domicilios como a rotiserías, panaderías y hasta un distinguido restobar en barrio Alberdi.

Tras más de un año y medio de investigación y múltiples allanamientos producidos en noviembre y diciembre del año pasado, Carbone resolvió procesar por fraude contra la administración pública a los técnicos de la EPE, Humberto Ariel Muriel y Juan Carlos Spetale. Mientras que al jefe Pedro Catizone se lo acusó de haber dañado medidores. En cambio, al electricista particular Angel Colazo también se lo procesó por fraude a la administración pública.

A todos ellos les cupo el beneficio de la excarcelación, pero debieron afrontar un embargo de 30 mil pesos cada uno. Por su parte, el magistrado actuante le dictó falta de mérito al empleado de la EPE, Daniel Roberto Ferrari, al entender que no había prueba suficiente en su contra.

La imputación de fraude contra el Estado también recayó contra los comerciantes Rubén Trillini (Soldamet), Gustavo Adrián Hanna (indumentaria), Miguel Angel Rodríguez (Pastas Capriana), Manuel María García (restobar Puerto del Aire), Marcelo Daniel Valente (parrilla La Tablita), Miguel Sánchez Martin (ciber), Marcelo Bernabé Tenaglia (ciber), José Claudio López (Pastas Capriana), Amelia Mirta Carranza (fiambrería de Baigorria 2585), los clientes domiciliarios Juan Carlos Barbulo (Chubut 2482 de Granadero Baigorria), Graciela Esther Scharr (Reconquista 1120), Diego Andrés Leonori (San Luis 131 de Capitán Bermúdez) y José Luis Calvente (Junín 1369).

Además a Martina Arias Hortensia, el juez Carbone la procesó por hurto simple por realizar una conexión directa a la red eléctrica, evitando el medidor. A la mujer se le trabó un embargo de cinco mil pesos.

"Lo llamativo de esta causa es que resulta la primera en encontrar la configuración de delitos donde están involucrados particulares, comerciantes y empleados de la EPE", resaltó el titular de Instrucción Nº9.

Si bien Carbone entendió que había elementos probatorios suficientes para enmarcar a Spetale, Muriel y Colazo dentro de una asociación ilícita, un pronunciamiento posterior de la Fiscalía Nº2 (a cargo de José María Peña) en torno a la denegatoria de excarcelación de los imputados, hizo que el propio magistrado dejara sin efecto esa primera figura jurídica. Es que ante la apelación por parte de los imputados, la Sala I hizo lugar al pedido.


Un anónimo
En la causa a cargo de Carbone se pudieron conocer con precisión los detalles de esta megainvestigación. Todo comenzó con un anónimo que llegó a la Justicia el 6 de octubre 2004; allí se aseguraba que inspectores de la EPE realizaban la colocación de medidores truchos o tocados y montaban conexiones ilegales.

Levantado el secreto de sumario, y con el fallo en primera instancia, ahora se conocen con pelos y señales, las travesuras de los empleados coimeros.

A pocos días del primer anónimo, María Elena Tapia denuncia haber adquirido una deuda de 6.700 pesos por facturas impagas de la luz, pero afirma haberse contactado con Humberto Muriel, empleado de la EPE, quien podía hacerle desaparecer la deuda de los registros contables e informáticos, previo pago de 2 mil pesos. Ante ello, las pesquisas confirman que el trabajito del empleado infiel fue real. El medidor de la denunciante figuraba como "inexistente" en el sistema comercial de la EPE.

Un director jerárquico de la empresa reconoce la existencia de "cooperativas" que conocían las fallas del registro de la energía consumida por los clientes.

Además, se brindaron más detalles del modus operandi. Los agentes de la EPE ofrecían un medidor adulterado a cambio de 1.750 pesos. Pero luego, la propia empresa constató un exceso de consumo en un cliente dado de baja. A otro usuario, se le ofreció un plan de pagos, contra entrega de 2.700 pesos.

Las escuchas telefónicas también fueron un elemento esencial en la fase probatoria de la causa. Los diálogos dejaron al desnudo las maniobras ilegales. Un comerciante enganchado por Spetale fue Tenaglia, del ciber de calle Necochea. El hombre se mostró "preocupado" porque una cuadrilla de la EPE le estaba llevando el medidor "porque estaba adulterado".

En otra escucha se comunica "Adriana, de la dietética de calle Ibarlucea", quien le dice a Spetale que "de nuevo" le cortaron la luz. El técnico le pregunta si se lo llevaron y cuando ella se contesta que "no", él le dice que "a la tarde, a las tres y media" pasará por la casa y se lo conectará.

El affaire energético fue bautizado como "Operación Cangrejo".