Política. La última sequía puso en tela de juicio un instrumento que sólo demanda recursos al Estado pero no soluciona los problemas de fondo

La emergencia agropecuaria le empieza a quedar chica al campo santafesino

El gobierno y las entidades públicas y privadas apuestan por reflotar opciones como el seguro agropecuario y recomiendan nuevas cambios en la formas de producción y de contratación de la tierra. Climatólogos aseguran que se viene un ciclo seco

Marcos Cicchirillo / La Capital

La sequía que ya arrasó con casi el 40 por ciento de la producción de maíz de esta campaña agrícola en la provincia y dejó malherida en algunas regiones a la soja de primera, abrió el debate sobre los alcances de las medidas oficiales que -como vagón de cola- van a la zaga de los problemas pero muy poco hacen por encontrar su origen.

Por eso, mientras los productores están arrojando sin eufemismos "su maíz a los chanchos", los beneficios que puede aportar una nueva declaración de emergencia o desastre agropecuario por el estrés hídrico, están cuestinados por propios y ajenos. Por un lado, el gobierno ve cada vez con peores ojos la réplica de una medida que en algunos departamentos de la provincia lleva casi 20 años ininterrumpidos y encorseta a la economía a los vaivenes climáticos.

Por otro lado están las entidades públicas y privadas del sector, las cuales miran a largo plazo y entienden que hay que llegar hasta la raíz del problema y empezar a pensar en la sustentabilidad de los recursos: agua y suelo, que es lo mismo que decir oro en polvo para la provincia.

En el medio, los hombres de campo no encuentran demasiados beneficios en una medida que -en el caso de la emergencia- sólo prorroga el pago de determinados impuestos para la próxima campaña y mucho más teniendo en cuenta que el exiguo costo de este gravamen es casi insignificante en la suma total de la ecuación económica.

Los cálculos previos -oficiales y privados- señalan que ya se perdió el 40% de la próxima cosecha de maíz y alrededor del 15% de la soja, en dinero esto representa para Santa Fe poco menos de 400 millones de dólares.

Ante esta situación, algunos productores afectados por la falta de agua y legisladores provinciales y nacionales comenzaron a hablar de la necesidad de que declarar la emergencia en ciertos departamentos de la provincia. Pero llegadas las primeras lluvias, el ministro de la Producción, Roberto Ceretto, dijo que las pérdidas no eran tales como para declararla.

La ley en vigencia, sancionada en 1995 (que reemplazó al decreto 1.898 de 1971), establece que el 50% de la producción a lo largo y ancho del departamento debe haberse perdido para declarar la emergencia.

Frente a este reiterado escenario de creciente dependencia de los designios del cielo -sea por sequía o por inundaciones-, y que desde todos los sectores consideran que la emergencia agropecuaria es una herramienta cada vez más ineficaz, los interrogantes que surgen son: ¿Cuánto de ésta problemática responde a un cambio climático? ¿Qué sistema productivo podría mitigar estos efectos? ¿Qué cambios normativos habría que introducir para incentivar a los productores para reducir los riesgos? ¿A qué están dispuestos los distintos actores cuando el paradigma predominante es la de la extracción minera y no sustentable ni ambientalista? ¿Cuál es el costo fiscal para la provincia?


Camino al ciclo seco
Los cuestionamientos no son menores si se tiene en cuenta que según los expertos en clima, la situación de cambios climáticos abruptos tenderá a profundizarse en los próximos años. Los especialistas hablan de que la región está pasando de un ciclo húmedo (que se extendió desde mediados de la década del 70 a 2000) hacia uno seco (que entraría de lleno en 2025).

El profesor de cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Unversidad de Buenos Aires (UBA) y asesor de la Fundación Climagro, Ernesto Sierra, explicó que "en esta etapa de transición (de 2000 al 2025) las lluvias irán disminuyendo, pero con una alta variabilidad de las precipitaciones, que se producirán cada vez más de forma irregular".

De allí que en un mismo año una zona pueda atravesar de un período de sequía a otro de inundaciones dentro de una misma campaña agrícola.

"Son fenómenos que se presentan, por la conjunción de clima y suelo, más pronunciadamente en el norte de Santa Fe", señaló el director general de análisis de la producción agrícola provincial, Modesto Malvasio.

Sin embargo, esto tiende a profundizarse en el territorio provincial por "la concentración de la producción en el sistema agrícola, en particular en soja", acotó el director del Inta Oliveros, Mario Fernández Alsina, quien graficó que cada vez más los productores "se juegan todo a una sola carta".

Aunque la provincia guarda bajo siete llaves los mapas estadísticos sobre las declaraciones de emergencia y desastre -con el argumento de que algunos campos podrían perder valor económico por el solo hecho de estar en un departamento que siempre es declarado en emergencia- Malvasio reconoció que en algunas zonas el ciclo húmedo redundó en mayores rindes pero en otras, se transformaba en inundaciones.


Las opciones en danza
En respuesta a este escenario donde reinan normas vetustas y tendencias climáticas que se profundizarán con los años, sumadas al crecimiento de la frontera agrícola, el gobierno provincial, los productores, técnicos y entidades comienzan a insistir cada vez con más fuerza en la adopción de herramientas que permitan reducir los riesgos y actuar como políticas de anticipación frente a las catástrofes que afectan al campo.

Así, todos coinciden en desempolvar algunos proyectos que habían comenzado a ser analizados hace algunos años pero que terminaron en el cajón de los recuerdos. Como, por ejemplo, transformar los recursos económicos que se destinan casi anualmente a cubrir el parche mediante las declaraciones de emergencias o desastres en un subsidio para la propagación del seguro agrícola.

"La eficacia de cubrir los problemas de sequía o inundaciones con la declaraciones de emergencia viene siendo discutida desde hace varios años", reconoce Fernández Alsina, y agregó que "incluso se había puesto en discusión el criterio de declaraciones por divisiones políticas".

El proyecto de reemplazar las emergencias por un seguro agrícola subsidiado había sido fogoneado por el ex secretario de Agricultura provincial, Oscar Alloatti, pero que luego no prosperó con las sucesivas buenas campañas y la bonzana decretada a favor del campo con la devaluación.

Ahora, Ceretto y el secretario de Agricultura provincial, Daniel Costamagna, aseguraron que es intención de este gobierno "incentivar" a los chacareros para tomen un seguro y que están analizando algunas medidas, ya que "hoy la emergencia no le sirve ni a los productores ni al Estado provincial".

Desde Federación Agraria (FAA), el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Inta hasta la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) también consideran al seguro como instrumento para reducir el riesgo económico.

Al tiempo que estiman que con parte de las retenciones se debería conformar un fondo para apuntalar un sistema para que le sea más accesible a los productores que tienen que afrontar una prima más elevada por estar ubicados en zonas más proclives al riesgo.

Pero esto es sólo un aspecto. Otro de los factores que desde todos los sectores consideran clave a introducir en el sistema de producción es la rotación de cultivos, incluso van más allá, retornar hacia un sistema mixto: agrícola-ganadero. Y, en las zonas con mayor riesgo, el regreso a cultivos más "rústicos", señaló el dirigente de FAA, Omar Barchetta.

El coordinador general de Aapresid, Santiago Lorenzatti, aseguró que la diversificación de riesgos mediante la rotación o la inclusión de esquemas mixtos "da más chances de alcanzar una productividad media aceptable" y un "manejo del agua más eficiente". Y agregó: "El productor debe entender la ecuación a mediano plazo".

A pesar de que la guerra por el petróleo transparente parece lejana y que a través de la biotecnología los cultivos sean más resistentes a sequías, los distintos sectores aseguran que se debe ir hacia un sistema de producción de rotación o mixto que reduzca la creciente dependencia que existe hoy del agua, máxime cuando incluye otro factor: el deterioro de la calidad del suelo, que en parte atempeó la siembra directa.


Competir con Coca Cola
"A lo largo del tiempo el nivel de materia orgánica en el suelo es mucho menor, lo que produjo una creciente dificultad para retener el agua y que las plantas comiencen a notar antes los eventos climáticos", señaló Fernández Alsina.

El presidente de Colegio de Ingenieros Agrónomos, Alberto Gelin, señaló que el deterioro del suelo también lleva a los productores a competir en otro frente: pelear con la industria química y gigantes como Coca Cola o Pepsi por conseguir uno de los elementos necesarios para nutrir la tierra y que antes "era la historia de la Pampa Húmeda" -recordó Gelin-: el fósforo.

"Por eso es necesario reestablecer el sistema de rotación de cultivos para recomponer la calidad del suelo", señaló el dirigente para quien -al igual que el resto de los consultados- se necesita una nueva ley de arrendamiento para que el productor que alquila un campo pueda ver los beneficios introducir métodos conservacionistas en la tierra.

En la actualidad entre el 50% y el 75% de los campos son arrendados y, según distintos relevamientos, los productores en general sólo establecen mecanismos de sustentabilidad en sus propios terrenos, en el resto lo toman como una "actividad minera", apunta Gelin. O sea, extraer la mayor riqueza posible en la menor cantidad de tiempo.

Salvo Aapresid -que plantea como mecanismo el de la "concientización de los productores"-, el resto de entidades y productores consideran la necesidad de una nueva ley de arrendamiento que establezca contratos mínimos a cuatro o cinco años para que "ambas partes (inversor y propietario) salgan ganando".

"Los arrendamientos a un año atentan con la visión de largo plazo y rotacional", aseguró Lorenzatti. También están de acuerdo que los pactos a un año atentan contra que la ley de conservación de suelo, la cual también estiman "también quedó vieja".

Esa legislación establece que el productor que implemente distintos mecanismos que favorezcan el mantenimiento de las condiciones del suelo será desgravado en el 37,5% del impuesto inmobiliario. Sin embargo, la mayoría respondió a este dilema con una pregunta: "¿Quién va implementar políticas de sustentabilidad del suelo si en un año tengo que devolver el campo?".

Por si fuera poco, los diferentes actores reconocen que el mantenimiento de los valores del impuesto inmobiliario rural -a diferencia de otras provincias como Buenos Aires que recientemente implementó un aumento- desincentiva aún más a los productores a intentar tramitar todo el papeleo para desgravar un impuesto que cada vez incide menos en su ecuación económica.

En voz baja admiten que prefieren que no le aumenten el gravamen que caminar por oficinas para lograr una rebaja.


El problema fiscal
¿Por qué las iniciativas no avanzan cuando los diferentes sectores coinciden enque el andamiaje jurídico para el campo en la provincia quedó obsoleto y se podrían optimizar los recursos destinados a las emergencias?

Algunos referentes del sector agroindustrial lo pasan en blanco y apuntan a los gobiernos y sus afanes recaudatorios.

"La vuelta a un sistema de rotación, que incluya a otros cultivos o ganadería, implicaría un menor ingreso fiscal respecto de lo que les entra vía la soja en el corto plazo", dicen.

Por eso -dicen- a los Estados les resulta más rentable destinar recursos, ya sea via emergencia o un seguro, a paliar una situación que hasta hace pocos años se presentaba como esporádica, que implementar políticas activas que morigeren la dependencia a factores climáticos en el sistema productivo a largo plazo. El debate recién arranca.

Así se veían la semana pasada algunas plantaciones de maíz en el centro-oeste provincial.