Persecución. Entidades sociales repudiaron allanamientos y represión a campesinos

Conflicto por la tierra desató tensión y críticas al gobierno santiagueño

Frenan capturas de pobladores rurales y técnicos de una organización social acusados de instigar a la violencia

La Justicia santiagueña levantó ayer las órdenes de captura contra 25 campesinos y técnicos del Instituto de Cultura Popular (Incupo), de Santiago del Estero, quienes eran acusados de "robo de productos forestales" e "instigación a la violencia". El operativo, que había sido ordenadas por el juez Oscar Juárez (del Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación), fue iniciado por policías y gendarmes en la zona de Santos Lugares, departamento de Alberdi. Para la organización no gubernamental, se trata de una persecución política que, sostiene, avasalla los derechos de los pobladores.

El martes último, las fuerzas de seguridad habían allanado una oficina de la institución educativa en Santos Lugares de donde se llevaron una computadora y una serie de documentación, según denunció el Incupo.

En el allanamiento fueron detenidos Mariano Acosta y Benigno Barrera. Entre los técnicos de Incupo buscados figura un veterinario, Eduardo Schierloh, quien cumple tareas en la zona.

Los operativos, según relató Silvia Robson, dirigente del Incupo, se iniciaron "a las 7, cuando llegaron a la casa de Acosta -donde funciona una oficina de la organización- cuatro camionetas con policías, gendarmes y civiles. Portaban una orden de allanamiento del juez Juárez y procedieron a allanar ese domicilio y llevarse una computadora y material educativo de uso en las tareas de capacitación. Luego, investigaron en casas de varios campesinos de la zona".

"Revolvieron toda la casa del médico veterinario Eduardo Schierloh, incluyendo las habitaciones. Secuestraron una computadora y materiales educativos (libros, revistas y discos compactos de audio) de uso diario en las capacitaciones de Incupo", precisó Robson. La casa donde vive Schierloh con su familia pertenece a la parroquia Santo Cristo y funciona también como oficina de Incupo.

El juez se basa en un expediente que tiene fecha del año 2004, expediente 960/04 Acosta Santos Marino y otros por supuesto hurto de productos forestales en perjuicio de Adolfo Darío Suárez.

El magistrado acusa a Incupo de "incitar al hurto de productos forestales a través del programa de radio en la FM 103.9 Trinidad de los Montes" de la parroquia Santo Cristo, que pertenece a la jurisdicción del Obispado de Añatuya.

Algunos de los técnicos de Incupo denunciados son Gabriel Barrera, Diego Corvalán, además de Schierloh.

"La denuncia había sido elevada en 2004 por el abogado de La Banda, Adolfo Darío Suárez, quien recibió un campo en herencia y ahora -cuando el conflicto por la tierra se acrecienta -culpa a los campesinos por ocupar esos terrenos", dijo Víctor Cabral, miembro del Incupo.

"El letrado había acusado al instituto de incitar las ocupaciones a través de una radio (FM 103.9), dependiente del Obispado de Añatuya. Pero, los perseguidos por la Justicia, al estar desde hace años en ese lugar tienen legalizada su situación", dijo el dirigente de la organización no gubernamental a La Capital.

"Hace más de un año que gente que se dice dueña de los campos, en especial cuatro hermanos de apellido Suárez, de la ciudad de La Banda, vienen amenazando a los campesinos queriendo que se vayan de un lugar que les pertenece. Este acto dejó en manifiesto la clara intención de vigilar el trabajo realizado por el instituto en la zona. Estos hechos se asemejan a la viejas prácticas de persecución que dañaron la libertad de expresión en nuestro país durante períodos sin democracia", remarcó Robson.

"Nosotros venimos trabajando con el tema tierras desde hace años en la provincia y en particular en lo que se refiere a este caso. Son 40 las familias involucradas en varios parajes de la zona", explicó.

"Hay una marcada tendencia del gobierno provincial a poner todo desde una óptica policial cuando esto es una cuestión política en contra de los campesinos", agregó.


Resistencia a desalojos
A principios de diciembre, Incupo denunció que "un grupo de mercenarios intentaron desalojar violentamente a campesinos de Campo San Bernardo (costa oeste del río Salado, departamento Pellegrini). La zona, de la que se dice dueño el empresario tucumano Regino Viroche, es habitada por pobladores centenarios".

"Viroche contrató como seguridad privada a grupos violentos pertenecientes a la famosa «banda de los Ale», oriunda de Tucumán. Los mercenarios amenazaron con armas de fuego a los campesinos de San Bernardo y a dos técnicos del Incupo", indicó el instituto.

"Los campesinos resistieron a la amenaza y retuvieron al hijo de Viroche. Ante ello, los hombres del empresario dispararon al aire y casi hieren a Schierloh", recordó Robson.

La presión de los trabajadores rurales impidió el desalojo, pero fueron acusados ante la Justicia de Santiago por el incidente. Ante ello, la organización social indicó que los agredidos fueron los pobladores: "Sólo defendían su tierra, como haríamos nosotros si alguien se mete a nuestra casa con armas de fuego".


Solidaridad con el Incupo
La Embajada de Alemania en la Argentina tomó participación en el tema teniendo en cuenta que Incupo recibe financiamiento de dos entidades de aquel país para el desarrollo de sus tareas. Además, el titular de la Oficina Antiimpunidad Luis Bordón solicitó audiencia con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para ponerlo al tanto de lo que consideran un atropello y de los antecedentes que este año se produjeron en contra de los campesinos.

También, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, provincia donde funciona la sede central de Incupo, hizo conocer su disgusto por la forma en que se produjeron los hechos en Santos Lugares.

La vivienda de la parroquia de Santos Lugares, donde se realizó un allanamiento.