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 domingo, 20 de noviembre de 2005  
Historias
El clásico de la lechería

Las celebraciones del Día del Tambero, el 14 de noviembre, se cumplieron este año en el marco de cierta agitación de la cadena láctea, sector de clásicas discusiones entre producción primaria e industria. Conflictos que se profundizaron luego del aumento de las retenciones a las exportaciones de productos y subproductos de la lechería, las cuales fueron apuntadas por los productores como una intervención estatal en la pelea de precios con el sector industrial.

Cabe recordar en ese sentido, algunos antecedentes respecto de los intentos de regulación del sector lechero en el país. El primero data del año 1940, según un trabajo realizado por el investigador José Nun en 1991 y publicado en el libro "Complejo lácteo en una década de transformaciones estructurales" compilado por Juan Renold y Mario Lattuada.

Ese primer esbozo que menciona el texto se refiere a cuando una delegación de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y de la Unión General de Tamberos (UGT), siguiendo el modelo de las juntas de granos y carnes vigentes en aquel momento, propusieron la creación de una junta nacional de lechería, como organismo comercial de los productores.

Esto último se incluía en el marco de una ley de lechería (anteproyecto que no logró prosperar) que se proponía impulsar una acción mancomunada de los productores así como la intervención protectora del Estado en la actividad.

Tiempo más tarde, en 1948, se forma la Confederación de Entidades de Productores de Leche.

En 1958 se cristaliza, en un plano oficial, la Dirección General de Lechería, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La misma sufre un proceso paulatino de deterioro en sus recursos y capacidad de acción regulatoria, limitándose a una función fiscalizadora.

En 1967 se creó la Comisión Nacional de Lechería y se dio a conocer dos años después un proyecto de ley de lechería que realizaba una distinción entre la leche para el consumo y la leche para la industria, garantizando el precio de ambas. Se instituía también un fondo regulador de los excedentes junto a un ente encargado de tareas de promoción y publicidad para el sector.

La iniciativa no logró prosperar y el escenario, desde la década del 70, presentó como eje la práctica de fijar mensualmente los precios mediante acuerdos entre productores e industriales con la intervención de la Secretaría de Comercio.

En el contexto de una reducida intervención del Estado en la regulación del complejo, se creó en 1978 el Comité de Defensa para la Producción Lechera (Codeprole) con la finalidad de lograr acuerdos mínimos en los precios de la materia prima.

El comité se reunía todos los meses para fijar un precio, el que luego era homologado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y verificaba las bonificaciones. En los períodos en que existieron precios máximos y mínimos establecidos por la Secretaría de Comercio, su acción se vio interrumpida.

Finalmente, en 1981 se volvió al régimen de convenios libres-pactos privados entre los sectores, otorgándole una hegemonía absoluta al mercado como óptimo asignador de recursos y dejando sin efecto los anteriores bosquejos de intervención política en la economía.
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