Embrollo de firmas fantasma y testaferros, la trampa para zafar a empresas en quiebra

Los fraudes por el que fueron procesados 10 abogados

Cómo se fraguaban papeles para engañar a jueces y perjudicar a acreedores reales en trámites concursales

El ardid de "inflar el pasivo" de un concurso para que los bienes queden en bolsillos de testaferros en lugar de las arcas acreedoras no es nuevo. Pero en la quiebra de la cerealera Granero Argentino se multiplicó tantas veces que dio origen a una febril investigación penal, por la que diez abogados rosarinos se encuentran procesados y uno de ellos preso. En ese proceso civil, tres empresas falsas reclamaron créditos que nunca existieron. Un mundo ficticio que sólo existió en actas, escritos, demandas y papeles dirigidos a inducir a engaño a los jueces y perjudicar a los acreedores reales.

Estos artificios son los que la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya detectó al procesar a diez letrados, tres empresarios, un operador de granos y otras tres personas por delitos como estafa procesal, quiebra fraudulenta y asociación ilícita.

Al investigar la embrollada quiebra de Granero Argentino, la jueza penal detectó que el mismo recurso de reclamar créditos falsos se empleó en otros concursos preventivos.

Según el dictamen de la magistrada, los abogados en ese esquema tuvieron un rol clave porque le dieron respaldo jurídico a las maniobras. Están acusados de "dibujar" en los papeles algo que en la realidad no existió nunca. Gracias a esa intervención, empresas fuera de servicio presididas por prestanombres, y con domicilios falsos, pudieron litigar normalmente hasta que un síndico advirtió el engaño.


Cosas raras y sospechas
Así comenzó la causa penal que una semana atrás derivó en el procesamiento de 17 personas. Todo comenzó el 14 de mayo de 2003. Ese día, los dueños de la acopiadora de granos Granero Argentino se presentaron en el juzgado Civil y Comercial Nº 13 solicitando su propia quiebra. Los hermanos Rolando, Marcelo y Francisco Mie entregaron un listado de sus deudas, se designó como síndico a Humberto Borsani y al poco tiempo, el contador comenzó a notar cosas extrañas.

Las primeras sospechas recayeron en ByM, una sociedad anónima que reclamaba un crédito de 253.412 pesos. El abogado que figuraba como apoderado legal de ByM se presentó en el juzgado y aclaró que estaba desvinculada de esa empresa desde hacía más de un mes, que la firma que figuraba al pie de los escritos había sido falsificada y que la documental tampoco correspondía a operaciones comerciales reales.

Así, se detectó que en el domicilio de esa firma, que litigaba a nombre del operador de granos Arturo Romero Acuña, funcionaba en realidad un estudio contable. Y se demostró que la verdadera BYM tenía otros dueños, se había dedicado a operaciones inmobiliarias y estaba inactiva.

En el expediente por la quiebra de Granero Argentino, Romero Acuña también figuraba como presidente de la sociedad anónima Naipa S.A. Pronto se descubrió que Naipa no existía en ninguno de los domicilios consignados en los escritos judiciales y que los recibos entregados para demostrar el crédito no eran oficiales. Se detectó, entonces, que también en este caso se había usado el nombre de una empresa inactiva para reclamar un crédito inexistente. Naipa es, en el mundo real, una sociedad que perteneció a un cordobés y que no opera desde hace más de diez años.

Un caso similar fue el de Indio, firma que tenía como supuesto responsable a un desocupado, Beltrán Morales. La verdadera Indio era una fábrica de ropa de trabajo para la industria, pero en la quiebra de los Mie aparecía reclamando una deuda por algo bien ajeno al rubro textil: la venta de agroquímicos.


Varios acreedoras, mismo letrado
Un hilo conductor unía a todas las empresas que reclamaron falsos créditos. En algún momento, sus antiguos dueños habían contratado los servicios profesionales del abogado Jorge Fernández Méndez, quien había manejado la documentación de esas empresas. Este letrado es el que está preso como presunto jefe de una asociación ilícita. Se presume que el letrado se valió de esos contactos con empresas fuera de servicio para fabricar este tipo de engaños en quiebras y concursos.

Los otros profesionales procesados por Cosgaya son los que aparecieron patrocinando a las firmas apócrifas, con escritos firmados por ellos. En sus declaraciones, la mayoría adjudicó a Fernández Méndez el papel de cerebro de las operaciones. Es más: en uno de los estudios jurídicos allanados se encontraron escritos que habían sido corregido de puño y letra por ese letrado.

Como integrantes de esa asociación fueron procesados los abogados Paulo Martín Di Sciascio, Carlos Hernán López, Luciana Massagli y Analía Lambri. Y en un tercer escalón quedaron otros seis profesionales: tres acusados de estafa procesal y otros tantos como partícipes de quiebra fraudulenta.

Todas los recursos reñidos con la ley que les atribuyen perseguían un único fin: evitar que los acreedores reales recuperaran lo que les debían. "Pero tan bien no hacían las cosas", opinó un allegado a la causa. Es que el fraude denunciado quedó en un intento. La quiebra de Granero Argentino ya fue declarada en el juzgado civil y sólo en favor de sus acreedores verdaderos: el banco Bisel, empresas que vendieron maquinarias o agroquímicos, o dueños de campos en alquiler que los Mie no pagaron. Y los hermanos Mie, ahora procesados por quiebra fraudulenta, acudieron a otro equipo de profesionales para que se ocupen del enmarañado proceso civil.

M.L.C.