Reflexiones

Las penas de los penales

Carlos Duclós / La Capital

Uno de los problemas no solucionados por el poder político en la Argentina es el que refiere a la saturación de la población en los penales, sean estos dependientes del servicio penitenciario o de la policía. En rigor de verdad, en cuanto a este último ámbito, el problema es más grave, por cuanto no sólo se ha excedido la capacidad de alojamiento, sino que además se ha obligado a la fuerza policial a realizar una tarea que no es de su competencia y para la que no está preparada. Un problema que directa e indirectamente afecta a todos. En la provincia de Santa Fe este problema es inquietante y la preocupación de los jueces del ámbito penal tanto de la ciudad de Rosario como de Santa Fe es harto justificada. Por otra parte, el respaldo que la Corte ha dado a los magistrados en cuanto a este tema no puede sino calificarse de apropiado y plausible.

  Aun cuando debe reconocerse el trabajo realizado por las autoridades del ámbito penitenciario en favor de los detenidos, no es posible eludir la observancia de la realidad, especialmente en los penales que dependen de la policía, que todos aquellos vinculados con el quehacer penal conocen y que ha sido hecha pública por las cámaras de apelaciones de las ciudades de Santa Fe y Rosario. El tribunal de alzada de la capital provincial, por ejemplo, en un informe reciente, describió como “altamente peligrosa” a la “gran concentración de población carcelaria”, luego de reflejar que en Coronda se alojan unos 1.400 internos, mientras que su capacidad de albergue alcanza sólo a 1.080. En tanto, en la cárcel de Las Flores se alojan alrededor de 600 detenidos donde sólo caben 481. El alto tribunal remarcó que en la alcaidía de la jefatura santafesina la capacidad de albergue es de 127, pero son más de 170 los presos que allí se encuentran. El panorama en las comisarías de la ciudad es igualmente alarmante: tienen capacidad total para 297 detenidos, pero su población está excedida en un 50 por ciento. Al respecto, la cámara santafesina advierte que esta “lamentable situación trae aparejados serios inconvenientes y situaciones de peligro de fuga, hacinamiento y problemas de convivencia”. Como se verá más adelante los inconvenientes son mayores y afectan directamente a la ciudadanía, al menos en la ciudad de Rosario.

Preocupación en Rosario

  En cuanto a nuestra ciudad, la situación reviste mayor seriedad y es mucho más preocupante. Hay 889 plazas disponibles en dependencias policiales (comisarías), pero la policía debe contener como puede y con lo poco que tiene a 1.400 internos. El informe presentado por la Cámara Penal de nuestra ciudad alude a graves problemas tales como la deficiente infraestructura, “falta de higiene y medicamentos, deficiencia en la alimentación, hacinamiento inhumano, mala distribución de los detenidos, violencia, fugas y motines...”.

  Fuentes judiciales han señalado, con razón, que las comisarías no han sido concebidas para el alojamiento de detenidos ni el personal policial entrenado para desarrollar tareas vinculadas a la custodia de los presos. Pero podría añadirse más: no sólo que el personal policial no está preparado para desempeñar la tarea de guardiacárcel, sino que esta tarea lo distrae de su misión específica: prevenir el delito. Son numerosos los policías en todas las ciudades de la provincia que están destinados a cuidar presos, cuando en realidad deberían estar patrullando las calles e impidiendo actos delictivos. Así las cosas, no sólo son víctimas de una deficiente estructura penal detenidos y policías, sino que la comunidad se ve directamente perjudicada.

Menos para los vecinos

  La construcción de nuevos penales por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe es un hecho que, sin dudas, merece ser reconocido. Están próximos a finalizarse los edificios de Piñeiro y la alcaidía en dependencias de la Jefatura de Policía. Sin embargo, estas construcciones no resolverán el problema de la población penal y, si se adoptan algunas medidas que han comenzado a circular recientemente, habrá problemas impensados y graves que serán la causa de dolores de cabeza no sólo para el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, sino para el gobernador Jorge Obeid. En efecto, en diversos ámbitos se sostiene la versión (al parecer confirmada por algunos funcionarios del gobierno provincial) que la custodia de los más de 400 presos que se alojarán en la nueva alcadía que se construye en Rosario, estará a cargo del personal policial. Si es así, se está en el umbral de una medida poco conveniente que afectará ya no sólo a la policía (a la que nuevamente se le dará una tarea que no le corresponde) sino a la propia comunidad. Ello es así porque para la custodia de estos detenidos (que seguramente con el tiempo serán 600) se deberán destinar no menos de 200 agentes entre una cosa u otra, con el consiguiente resentimiento de la vigilancia de las calles de la ciudad. Lamentablemente, los jueces pocas veces han sido comprendidos por el poder político y las consecuencias están a la vista: los detenidos viven hacinados, en condiciones absolutamente degradantes y peligrosas para ellos. La Cámara de Santa Fe ha expresado algo que comparten todos los operadores judiciales: “Toda persona aún privada legítimamente de su libertad, mantiene su condición de persona, a la que es inherente el respeto a su dignidad”. Tras hacer referencia a la protección brindada por nuestra Constitución nacional y pactos internacionales ratificados por nuestra Nación, señaló que “el alojamiento de personas privadas de libertad, en sitios que no reúnen siquiera mínimamente condiciones aptas para respetar la integridad física, psíquica y moral, puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante”. Advirtió el tribunal que el Estado, al privar de libertad a personas, se compromete a satisfacer sus necesidades mínimas, y a su vez “asume responsabilidades internacionales cuyo incumplimiento puede causarle serios perjuicios”.

  Pero la problemática excede las dificultades que tienen los detenidos y es una situación poco feliz para el personal policial que vive pendiente de una fuga que puede arruinar su carrera, o de una herida que puede comprometer su vida. Es para el policía permanecer en una función ajena a la suya propia. Es además, el sometimiento de la dignidad de los vecinos quienes se ven perjudicados directamente, por cuanto la falta de debida prevención en las calles favorece la actividad delictual. Jueces de primera instancia, camaristas, la propia Corte y abogados están razonablemente preocupados por las penas de los penales.