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 martes, 13 de septiembre de 2005  
Terrorismo vasco. El diálogo incluiría el destino de los más de 800 presos del grupo armado
ETA y el gobierno español negocian una tregua que regiría en 3 meses
El Ejecutivo no desmintió las versiones de prensa, pero recordó su exigencia de desarme incondicional

Madrid. - El gobierno español está cerca de cerrar un acuerdo con ETA para que la organización terrorista vasca anuncie una tregua, según afirma la prensa de Madrid. El gobierno socialista eludió pronunciarse sobre las versiones, pero aseguró que mantiene "la ineludible exigencia" del desarme de la banda terrorista como precondición para cualquier negociación. Simultáneamente, la Justicia decidió liberar a un activista sindical ligado al entorno de ETA, sin que la fiscalía se opusiera. Un gesto que podría contribuir al acuerdo con el grupo armado.

El diario El Mundo aseguró que la eventual tregua será anunciada dentro de los próximos tres meses, ya que si bien las partes "están en fase de negociación, la fecha está prácticamente fijada". A menos, claro, que ETA se eche atrás. "Las gestiones que un intermediario realizó en nombre del gobierno central durante el mes de agosto con la banda terrorista ETA fueron fructíferas", aseveró por su parte el diario La Razón.

Más cauto, el oficialista El País recordó que ETA lleva 27 meses sin cometer asesinatos -aunque sí pone bombas- y aseguró que el gobierno sólo reclama a la ilegalizada formación Batasuna que presione a ETA para que se desarme. Batasuna es el brazo político del grupo terrorista.

En tanto, la Audiencia Nacional liberó al líder de la central sindical LAB, Rafael Díez Usabiaga, considerado un hombre clave de la izquierda vasca vecina a ETA. El Ministerio Fiscal, significativamente, no solicitó medidas cautelares en su contra. El secretario general del LAB -única estructura vinculada a Batasuna no ilegalizada- es "muy importante" debido a "su apuesta, desde hace años, por buscar una salida a la violencia", según analistas citados por El País.

Tanto El Mundo como La Razón aseguraron que en las negociaciones reservadas con los etarras el gobierno hizo "gestos" de buena voluntad para facilitar las tratativas. Entre los puntos en discusión figuran los más de 800 presos de ETA.

La negociación se hace en el marco de la resolución aprobada en mayo último por el Congreso a iniciativa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para impulsar el diálogo con ETA. El dictamen del Congreso, sin embargo, exigía como precondición la renuncia de ETA a las armas. ETA ha puesto desde entonces una serie de bombas, pero con el cuidado de no causar muertos.

Según La Razón, otro gesto del Ejecutivo socialista en la actual negociación fue la "supresión de facto de la ilegalización de Batasuna" con la habilitación del Partido Comunista de las Tierras Vascas en las recientes elecciones vascas. Esta pequeña formación "prestó" sus listas a los candidatos de Batasuna.

El País asegura que para el Ejecutivo la iniciativa está en el campo de Batasuna, la que ahora debe presionar a ETA para que se desarme, tal como votó el Congreso. El País es considerado un medio muy cercano al gobierno socialista y su análisis puede traslucir la postura oficial. "Mientras ETA esté en silencio, no se puede abrir un proceso de paz", añadieron las fuentes gubernamentales de El País.

Desde el gobierno se dijo oficiosamente que las versiones eran sólo "especulaciones" y que el Ejecutivo mantiene la "ineludible exigencia de abandono definitivo de las armas por parte de ETA" y que a su vez Batasuna condene la violencia terrorista. Sin embargo el gobierno no desmintió netamente la existencia de negociaciones.


Críticas opositoras e internas
La principal agrupación opositora, el Partido Popular, subrayó que "no hay más negociación posible, si el Estado quiere respetarse a sí mismo, que el abandono definitivo de las armas y la desaparición" de ETA. Mariano Rajoy, líder del PP, declaró que "sería muy grave que en este momento se estuviera negociando con ETA, ya que no hay ningún Estado democrático ni civilizado que haga esto". Agregó que hasta que ETA desaparezca el Estado de Derecho y el Pacto Antiterrorista (firmado por el PP y el socialismo) "son la única vía válida". El PP no suscribió en el Congreso la resolución aprobada en mayo pasado, e invoca la vigencia del anterior Pacto Antiterrorista, firmado en diciembre de 2000 entre ambos partidos.

Asimismo, no todos los socialistas apoyan la línea negociadora del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. La eurodiputada socialista Rosa Díez señaló que "toda negociación que pretendiera conseguir una tregua no haría sino que los terroristas pensaran que su estrategia había sido positiva. No se puede tratar con ETA el abandono de la violencia, puesto que se trata de una exigencia ética; no es una cosa sometida a negociación".
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El 25 de junio pasado, ETA puso un coche bomba en el estadio olímpico de Madrid.

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