Bancos de datos: impulsan regulaciones

Las empresas públicas o privadas dedicadas a la recopilación de datos comerciales tales como Veraz, deberán modificar sus informes si prospera un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que introduce modificaciones en el artículo 26 de la ley 25.326 que regula esta actividad.

La iniciativa, impulsada por el legislador santafesino Oscar Lamberto (PJ) establece como puntos más centrales un plazo máximo de 60 días para que un deudor figure en el listado de morosos cuando hubiere cancelado su acreencia y exige el consentimiento previo del titular de los datos a los efectos de la cesión de los mismos.

Los bancos de datos se nutren con información proveniente tanto del sector público como privado y del procesamiento de esos datos se dibuja el perfil crediticio de los actores del mercado. Son consultadas por comercios, bancos y todo tipo de entidades crediticias a la hora de otorgar préstamos.

Durante estos últimos años -crisis y devaluación mediante- un gran número de personas quedaron registradas en los bancos de datos, pese a haber liquidado sus deudas.

El proyecto presentado por Lamberto apunta a que se preserve la protección de los datos personales. "La prestación del servicio de información crediticia deberá ser consentida del titular de los datos para su cesión y los bancos de datos no podrán incluir en sus bases información sobre juicios comerciales sin sentencia firme", especifica.

Por otro lado, establece que los bancos de datos "sólo podrán archivar datos significativos para evaluar la solvencia económica de los afectados durante los dos últimos años y el plazo se reducirá a sesenta días hábiles cuando el deudor cancele su obligación".

Lamberto explicó que "el sistema es una puerta de acceso al crédito, pero lamentablemente funciona mal". Por eso, "mucha información ni siquiera es auditada ni seleccionada y no se actualiza como corresponde" dijo.