Desaparecidos. La medida también alcanzó a Carlos Pazo y Jorge Rádice

Procesaron a Acosta por apropiación de bienes de detenidos en la Esma

El represor torturaba a sus víctimas hasta obligarlas a firmar la transferencia de sus patrimonios

El represor Jorge Tigre Acosta fue procesado con prisión preventiva y un embargo de 2.400.000 pesos por el desapoderamiento de inmuebles, dinero y otros valores a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura militar.

La medida la dictó el juez federal Sergio Torres, quien también procesó con prisión preventiva por delitos similares a otros dos oficiales retirados de la Marina, Carlos José Pazo y Jorge Rádice, con embargos de 1.500.000 en cada caso.

Acosta ya estaba procesado por el desapoderamiento de bienes del empresario Conrado Gómez, aunque por este hecho la Cámara de Casación Penal le concedió la excarcelación, previo depósito de una suma de dinero que aún no efectivizó, tal vez a sabiendas de que, por su situación en otras causas, seguirá detenido.

Acosta, Rádice y Pazo fueron considerados responsables de los delitos de robos y extorsión, ya que habrían logrado hacerse de los bienes de secuestrados obligándolos a suscribir poderes.

Para esa operatoria, los oficiales de la marina contaban con la colaboración de notarios, ya que en la resolución firmada por Torres aparecen los nombres de los escribanos Manuel Quirós y Ariel Sosa Moliné.

Para disponer los procesamientos, el magistrado se basó en las declaraciones de numerosos testigos, algunos de ellos también detenidos en la Esma, quienes refirieron como los secuestrados eran obligados a suscribir documentos, luego refrendados por escribanos, que permitían desapoderarlos de sus bienes.

Torres evaluó que, con los instrumentos públicos, se hacían aparecer hechos que no eran auténticos, pero se dotaba de legalidad formal a la escritura traslativa de dominio, paso necesario para la transmisión de las propiedades inmuebles o bienes registrables.

La irrupción de grupos de tareas de la Esma en los domicilios de las víctimas también produjo "botines de guerra" como la sustracción de dinero, vehículos (se calculó que llegaron a ser más de dos centenares) y hasta una biblioteca que se habría apropiado Acosta.

En sus indagatorias, Acosta se negó a declarar, en tanto que Pazo y Rádice, si bien admitieron haberse desempeñado en la Esma durante los primeros años de la última dictadura, negaron todo tipo de vinculación con los delitos investigados.


Transferencia de propiedades
Según constancias del expediente, a Rádice (quien aparecería con el falso nombre de Juan Héctor Ríos) se cedían las propiedades que luego eran transferidas a terceros.

Entre los damnificados figuran Jorge Carlos Munetta, Nilda Actis Garreta, Hugo Tarnopolsky (en cuya vivienda ingresaron mediante el uso de explosivos), Mercedes Inés Carazo y Carmelo Hernández.

Los testigos interrogados por el Tribunal contaron, además, que en dependencias de la Esma había un sector denominado "paño" donde se acumulaban heladeras, televisores, libros, ropa y muebles presuntamente robados a secuestrados que luego pasaron a ser desaparecidos. Acosta, Rádice y Pazo (junto a otros ex militares y civiles procesados por el episodio que tuvo como víctima a Conrado Gómez) formaban una asociación ilícita, en la cual, según Torres, el primero cumplió el rol de "organizador".

Para decretar los procesamientos, Torres consideró probado que los "desapoderamientos ilegítimos" se lograron "mediante el ejercicio de violencia" física o moral a las víctimas en los centros clandestinos donde permanecían cautivas.

Acosta es una de las figuras emblemáticas de la represión en la Esma.