Protección con castigo

"Todo el sistema de intervención para proteger a menores de edad termina convirtiéndose en un castigo, a pesar que se diga que la sanción es para educar", dijo a La Capital Gustavo Lorenzo, abogado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

"Sancionar a un chico de 10 años pone a nuestra Justicia al nivel de la estadounidense, criticada por lo poco garantista", indicó.

El especialista agregó que "a pesar de que le cambien el nombre, quedar en su casa para protegerlo o castigarlo, es lo mismo. Hay que ver cómo vive un chico eso de estar encerrado y de ser llevado a una comisaría".

También explicó que el Juzgado de Menores tiene una parte civil para protegerlos y otra penal para sancionar. "Quienes tienen menos de 16 años deben entrar por una secretaría civil, son inimputables. Un juez no puede arrogarse el castigo de un chico, por eso se lo encubre con la idea de proteger y educar".

Sobre la situación de las detenciones de menores, señaló que "en las cárceles no hay nada más que la reproducción de los problemas". También apuntó que en un reciente caso, una pareja que halló a chicos en el parque Independencia, después dijo estar arrepentidos de haberlos llevado a una seccional porque los pibes debieron pasar la noche en esa dependencia".

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, Néstor Ciarniello destacó que "el acento no debe ponerse en la pena que se aplica, sino en la formación, porque con una sanción es muy difícil educar".

"Si por infracciones de ese tipo recluimos a chicos en sus hogares, van a quedar todos encerrados", opinó Ciarniello e instó a "respetar los derechos de los chicos". El funcionario advirtió que "no se puede privar a un chico de su libertad porque rompa faroles en la vía pública ni por cazar pajaritos. Somos más coercitivos con los menores que con los adultos".

Por su parte, Alejandro Morlachetti, consultor de Naciones Unidas en Derechos Humanos, afirmó que "una travesura no debe ser judicializada. La privación de la libertad, aunque sea en la casa, es una pena desmedida".

En tanto, el coordinador del Plan Nacional de Acción por los Derechos del Niño, Pablo Villegas, apeló a buscar "mecanismos de mediación con los damnificados". Señaló que ésa es la finalidad de los "servicios de protección de derechos", que el Ministerio de Desarrollo extiende para evitar la judicialización de las infracciones leves.