Los negocios de la década infame

El pacto Roca-Runciman, en 1933, reforzó el sometimiento de la Argentina a los intereses británicos

En 1932 Gran Bretaña decidió reducir en un tercio la importación de carne congelada argentina, comprometiéndose a dar preferencia a la producción de los países de la Commonwealth. Para revertir esa decisión el gobierno argentino envió a Londres una misión encabezada por el vicepresidente Julio A. Roca, quien el 1º de mayo de 1933 firmó con el ministro británico Walter Runciman el convenio conocido como pacto Roca-Runciman.

En retribución por el mantenimiento de la participación argentina en el comercio de carnes, Gran Bretaña obtuvo un "tratamiento benévolo" del gobierno argentino para las empresas inglesas que afrontaran problemas financieros y en particular para los ferrocarriles, que mantuvieron sus tarifas y fueron eximidos de impuestos.

El acuerdo reservaba para los frigoríficos extranjeros el 85% de la cuota de exportación, mientras que el resto correspondería a cooperativas argentinas. La totalidad de las divisas generadas por compras inglesas a la Argentina se destinaba a compras británicas.

Tres actores aparecieron en la escena: los frigoríficos, que centralizaban el negocio de la exportación y eran en su mayoría de capitales británicos; el sector de los invernadores (ganaderos que proveían la carne para el enfriado y que se expresaban a través de la Sociedad Rural) y los criadores (que organizaron la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carbap).

En su investigación, el senador santafesino Lisandro de la Torre probó que la exportación de carnes argentinas producía ganancias sólo a los intermediarios. Los frigoríficos evadían impuestos llevando una doble contabilidad y burlaban los controles cambiarios reservando divisas para negociarlas en el mercado libre, que era más alto que el oficial.

Los frigoríficos ingleses, dijo de la Torre, obligaban a los productores argentinos a venderles carne de primera calidad a precio de segunda y tercera, que por su parte exportaba como de primera calidad. Mientras un criador tenía una ganancia de 1,50 peso, la del frigorífico ascendía 80 pesos. Y los productores argentinos beneficiados por el convenio eran los allegados a los intereses británicos o al gobierno nacional, como el ministro de Agricultura, Luis Duhau. Hechos que, como el fraude electoral y las persecuciones políticas, marcaron una época que mereció con creces su nombre de Década Infame.