Consideraciones sobre la seguridad en Santa Fe

Carlos Duclos / La Capital

Desde luego: si se habla de inseguridad en una provincia como Santa Fe como suceso endémico, a menos que se trate de causas muy específicas, no puede hablarse sino de la inseguridad en el país. Y aún más: si se desarrolla un tema tan caro a los ciudadanos como es la inseguridad desde el estricto punto penal, no puede obviarse la inseguridad desde la perspectiva social. Es esta inseguridad, precisamente, la madre de todas las inseguridades. El gran interrogante a responder es: ¿qué responsabilidad le corresponde al gobierno de la provincia de Santa Fe en resolver la cuestión delictiva? ¿Los Estados nacional y municipal no tienen parte en la cuestión? ¿Qué ha hecho el Estado provincial?

A la primera pregunta debería responderse que desde un punto de vista de la prevención y represión en materia operativa quien más responsabilidad tiene es el gobierno de la provincia, pero si hemos de considerar que el delito endémico y agudo es el síntoma social del país, no puede cargarse sobre un distrito todo el peso de la cuestión. El Estado nacional tiene mucho, decisivamente, para hacer y el Estado municipal, en una urbe como la rosarina, no puede permanecer indiferente. Un acto de estricta justicia merece que se responda a la última pregunta con el siguiente panorama: el Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, a cargo de Roberto Rosúa, en el marco de un amplio plan tendiente a mitigar el delito, puso en acción las siguientes medidas, entre otras: prevención delictiva mediante el aumento en la vigilancia. Se incrementaron en un 100 por ciento las patrullas urbanas con 175 vehículos en marcha por día en la Unidad Regional II y comandos regionales del departamento Rosario, y se sumarán para fin de este mes otras 12 unidades; se creó la policía especial para niños y jóvenes iniciándose la capacitación de 600 agentes en ese sentido; se incorporaron 674 agentes para toda la provincia, de los cuales 277 fueron para el departamento Rosario. Además, se adquirió equipamiento nada menos que por valor de 20 millones de pesos. Debe destacarse, en tal cuestión, la compra de 3.000 pistolas 9 mm., 1.000 pistolas especiales para reemplazo de viejas pistolas 11/25, 500.000 cartuchos de balas perforantes 9 mm., 5.000 chalecos antibalas comprados a Sastería Militar de la Nación, 186 camionetas adquiridas Ford Ranger, 4 autobombas, de las cuales 2 se destinaron a Rosario, 12.800 pares de borceguíes, equipo de rescate acuático y equipo de rescate en altura, destinados al Cuerpo de Bomberos de Rosario.

En materia penitenciaria, lo hecho es tan importante como lo que acaba de describirse: se lanza el plan de construcciones carcelarias y alcaidías que puede ser considerado como el más importante en toda la historia provincial, habilitándose 900 plazas en el año 2005 con un presupuesto de 23 millones para las obras de Piñero y la alcaidía de la Jefatura de Rosario. Se proyecta, además, habilitar 1.600 plazas en el año 2006 de acuerdo al programa de construcciones carcelarias en proceso de licitación. Hay una convocatoria para incorporar personal y suboficiales al servicio penitenciario provincial totalizando 600 efectivos durante el año 2005, pero más allá de esto se realizaron obras que apuntan a la recuperación del ser humano, tales como la creación de aulas en convenio con universidades, creación del departamento de salud mental en todas las unidades penitenciarias, capacitación obligatoria en derecho de ejecución de la pena para los oficiales del servicio penitenciario provincial. Se pusieron en marcha las aulas radiales de capacitación para los menores en conflicto con la ley penal y el programa de "cultura en las cárceles" juntamente con la Subsecretaría de Cultura de la provincia, entre otros emprendimientos. Lo hecho, ciertamente, es mucho.

Santa Fe, debe remarcarse, no vive la angustia alarmante que en materia de crímenes caracteriza a la Capital Federal o a la provincia de Buenos Aires, ni a otras provincias argentinas, pero no obstante hay un elevado porcentaje de hechos delictivos en las calles santafesinas que afligen a la ciudadanía.

En buena medida estos delitos deben encasillarse en el segmento de aquellos que forman parte de la endemia nacional, que tiene su raíz en lo que se llama la inseguridad social. Este endemia no podrá erradicarse si el Estado nacional no comprende que es el máximo responsable, el principal actor, en la escena.

¿Qué cosa significa inseguridad social? Podría definirse como el estado de vilo en la que se encuentra la integridad física y espiritual de la persona por carecer de amparo en diversos aspectos. Este estado de vilo, con el tiempo, conforma una cultura que genera seres frustrados, agobiados, desamparados e incontenibles que no tienen otro destino que el sombrío mundo del delito. Está debidamente probado, y es conocido por todos, que la pobreza y el desaire hacia el intelecto, por ejemplo, fomentan los crímenes de todo tipo. Cuando las acciones de los hombres y mujeres del Estado nacional están comprometidas con el poder para sí, pero no en función de satisfacer las necesidades del ser humano, entonces el ciudadano no sólo siente inseguridad, sino que vive plenamente en la inseguridad social, madre de robos, secuestros, violaciones, homicidios, tráfico de drogas y cuantos descarríos puedan imaginarse. En ese contexto, no habrá pistolas, ni balas, ni cárceles que alcancen, ni Estados provincial o municipal que pueda hacer frente a la desgracia del delito. En ese marco, sólo el arma del amor y el proyectil de los derechos satisfechos del ser humano servirán para poner en niveles normales al delito que, es cierto, jamás podrá ser erradicado definitivamente porque forma parte del comportamiento humano.