Reacción popular. Durante casi dos horas mantuvieron cortado el tránsito en la ruta provincial 21

Vecinos de General Lagos marcharon para exigir el cierre de Casa Joven

Dicen que los internos del instituto de rehabilitación de menores son un factor de inseguridad en la zona

Osvaldo Flores / La Capital

General Lagos.— Más de un centenar de vecinos de esta localidad marcharon ayer por la ruta provincial 21 hasta el hogar-granja Casa Joven para exigir el cierre de esa institución, dedicada a la rehabilitación de menores en conflicto con la ley penal. Para los manifestantes, el régimen de puertas abiertas que mantiene la entidad permite la fuga de los internos y apuntaron a ese factor como uno de los causantes de la inseguridad que existe en el pueblo.

Precedidos por un gran cartel que exigía “Basta de inseguridad, cierre definitivo de Casa Joven”, los vecinos marcharon durante unos dos kilómetros por la ruta —que estuvo cortada al tránsito por casi dos horas—, y se concentraron frente al portón del cuestionado hogar de menores.

“A esta altura ya hicimos una gran cantidad de gestiones, hablamos con autoridades provinciales, nos hicieron promesas, dijeron que esta vez sería distinto, pero no cumplieron nada. Por eso no tenemos otra alternativa que pedir el cierre de la casa, porque lo único que podemos pensar es que todo seguirá igual”, sostuvo Fabián Pérez Goiri, uno de los voceros de los autoconvocados por esta situación.

“Todos tenemos en la memoria lo que ocurrió en Casa Joven hace siete u ocho años, cuando allí había 20 internos y se sucedieron hechos muy peligrosos con ellos como protagonistas. No queremos más promesas, porque ya nos mintieron”, añadió.


Régimen especial
Casa Joven funciona en jurisdicción de General Lagos desde 1994. Allí, unos veinte profesionales de distintas especialidades se dedican, en un régimen de puertas abiertas, a la recuperación de menores en conflicto con la ley penal que llegan derivados por los distintos juzgados de la región.

Si bien tiene capacidad para alojar a 20 internos, actualmente sólo hay cuatro que dividen su día en entrevistas con los profesionales, la asistencia a clase dentro de la institución y la realización de diversas actividades manuales, como carpintería y cestería.

Pero los vecinos sostienen que los chicos se fugan y roban en las casas vecinas y hasta a las unidades de transporte que tienen su parada frente a la institución, sobre la ruta 21. “Hace unos años, uno de esos internos fue el autor del homicidio de un repartidor, sólo para robarle 22 pesos”, aseguraron los vecinos, aunque la acusación fue negada por autoridades del hogar.

“Este pueblo no está en contra de los objetivos de Casa Joven, que es recuperar a los menores, pero sí rechazamos la metodología utilizada. Como cualquier pueda salir o puede fugarse, los quieren recuperar a costa de nuestra propia seguridad y finalmente los presos somos nosotros”, afirmó Pérez Goiri.

Después de unos meses de inactividad, el instituto fue reabierto el mes pasado. Según aseguró la gente de General Lagos, uno de los detonantes de la protesta fue la reciente fuga de uno de los internos, que antes de ser detenido por la policía intentó ingresar a la casa de un vecino. “Ese chico había participado en un homicidio, lo que demuestra que aquí no hay menores de bajo riesgo”, denunciaron.

“Nos prometieron que habría iluminación exterior acorde a la de un penal, cercos perimetrales acordes y otras medidas de seguridad exterior, pero nada de eso se ha cumplido y entonces exigimos el cierre definitivo de Casa Joven. Si no tenemos respuestas, volveremos a cortar la ruta, iniciaremos acciones legales e instalaremos una carpa por tiempo indefinido hasta que alguien nos escuche”, adelantaron.

En la puerta de la institución, los manifestantes fueron recibidos por la Directora Provincial del Menor en Conflicto, Mercedes Roca, que tras un desorganizado diálogo prometió elevar a los niveles superiores las inquietudes planteadas por la población de General Lagos. Momentos antes, la funcionaria le dijo a este diario que la protesta “está asentada en la base de una gran confusión, porque los chicos que están aquí han sido seleccionados para ello, y que si bien han tenido conductas disvaluosas merecen un tratamiento de rehabilitación“.

“El fenómeno de la delincuencia que se extiende a todo el país ha provocado una sensación de inseguridad, y cuando esta sensación se instala en la comunidad es muy difícil de combatir. En las inmediaciones tenemos un móvil policial permanente, construimos un nuevo muro perimetral y otros cercos, pero ocurre que esta sensación está por encima de la inseguridad real“, sostuvo Roca.

“Quizás el saber que aquí hay menores que han tenido un tránsito para el delito, le hace pensar a la gente que sacar la institución le acarreará más tranquilidad y seguridad, y esto es como una asociación tirada de los pelos”, añadió.

Los vecinos expresaron su rechazo a la metodología que usa la institución.