Respaldos en el país y dudas en torno a posibles extradiciones

El histórico fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final cosechó ayer más expresiones de apoyo que de rechazo. Además, la resolución traspasó los límites de la Argentina, ya que los principales periódicos internacionales amplificaron -vía Internet- la noticia.

u Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo: "Es una decisión crucial para destrabar los juicios a los represores y allanar el camino hacia la condena".

u Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo: "Ahora todos tienen que sentarse ante el juez y decir lo que pasó. Cada uno deberá asumir sus responsabilidades, si es que queda algo de dignidad".

u Elisa Carrió (ARI): "Es una bisagra histórica que pone justicia donde había impunidad".

u Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia y camarista del juicio a las juntas: "Tiene un valor simbólico muy fuerte".

u Leopoldo Moreau, diputado nacional radical: "Cierra el ciclo de verdad, justicia y memoria que inició Raúl Alfonsín hace 22 años".

u Mauricio Macri y Ricardo López Murphy, referentes de la centroderecha: se manifestaron en contra, aunque con cautela, antes del pronunciamiento.

u Guillermo Cantini, diputado nacional de Unión por Argentina: "Es claramente político. Demuestra la clara dependencia de esta nueva mayoría automática de la Corte".

u Patricio Echegaray, Partido Comunista (PC): "Es un paso importante en la lucha contra la impunidad. Lo celebramos como una victoria".

u Jorge Rivas, diputado nacional socialista: "Respalda la nulidad dispuesta por el Congreso y alienta la lucha de quienes aspiran a que los derechos humanos rijan en todas sus dimensiones".

u Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación: "Reivindica el derecho a conocer la verdad del pasado".

u Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels): "Es un fallo histórico. El fin de la impunidad".

u Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires: "Estamos orgullosos del fallo y de la lucha ganada por el esfuerzo de los organismos de derechos humanos".

Nacidas bajo presión militar al gobierno constitucional que sucedió a la dictadura y orientadas en el sentido opuesto al que avanzaron los derechos humanos en las últimas dos décadas, las leyes de impunidad fueron finalmente impugnadas por la propia Corte mediante un fallo que también acarrea consecuencias en el exterior.

Es que la decisión cierra toda posibilidad de extradición a militares que, como los ex dictadores Jorge Videla, Eduardo Massera y Guillermo Suárez Mason, son requeridos por tribunales extranjeros.