Con la soga al cuello. En la oficina municipal del consumudor llueven las quejas de los abuelos

Hay una denuncia por día contra las mutuales que dan créditos a jubilados

Para el delegado de la Dirección de Industria y Comercio provincial algunas son "bandas organizadas"

Carina Bazzoni - Laura Vilche / La Capital

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor recibe por día la visita de un jubilado para presentar una denuncia contra una mutual que le prestó dinero. En la mayoría de los casos, pocos pesos financiados en muchas cuotas con intereses que multiplican por dos o por tres el monto del préstamo. Y en la Dirección de Industria y Comercio de la provincia el panorama no es distinto. Allí también decenas de abuelos llegan con la misma queja: "Me estafaron". Tanto es así, que el delegado de esta repartición, Héctor Ricardo Corgnalli, no tiene reparos en considerarlas "bandas organizadas que tras el disfraz de una mutual les sacan dinero a los jubilados".

El caso de Margarita Zappa que publicó anteayer La Capital es paradigmático. La jubilada denunció por usura a la Asociación Mutual Católica del Personal de Editoriales (Amuca). Por dos créditos personales que suman 1.525 pesos, el año que viene terminará de pagar 2.972 pesos, más 203 pesos de cuota societaria y otros 10 de seguro de vida. En total: 3.185,28 pesos que se le debitarán religiosamente de su recibo de haberes durante 24 meses.

Es que, al compás de la crisis económica y de la dificultad de acceso al crédito, en los últimos años proliferaron organizaciones que prometen "dinero en el acto", con "mínimos requisitos" y "sin garantías ni veraz". Un gancho perfecto para un sector de la población que tiene escaso acceso al sistema financiero formal.

Sin embargo esto tiene sus costos: tasas de intereses que llegan a multiplicar por dos o tres a las bancarias o incluso a las que cobran las mutuales y que, según advierten desde las entidades que defienden a los usuarios, "se convierten en un verdadero abuso" (ver infografía).

"Es un problema que cada vez se ve con mayor frecuencia", advierte Daniel Hiayes, abogado de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. "Estos prestamistas no informan a los jubilados los porcentajes de los intereses ni les entregan copia del contrato que suscriben. Les ofrecen mil pesos y les dicen que van a pagar 50 pesos por mes, pero después a eso le suman los seguros, la cuota de la mutual y los sellados. Por lo cual al final terminan devolviendo 3 o 4 mil pesos sin darse cuenta", describe el profesional.

Para estas mutuales, los jubilados y pensionados nacionales son los clientes preferidos ya que se garantizan el cobro de los préstamos devengando las cuotas de sus recibos de sueldos, mediante un código de descuento que les habilita la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés).

En todo el país, según los padrones de este organismo, hay unas 700 mutuales que gozan de códigos de descuento. Y si a esto se suma que generalmente cada una de ellas tiene sucursales en varias provincias, su número se multiplica por miles.

"Muchas de estas son entidades que trabajan bien y cumplen una función social importante. Pero otras son simplemente prestamistas que operan con códigos de descuento, y son la cara visible de una financiera que presta el dinero que ellos se encargan de recuperar a partir de los débitos que hacen a los jubilados de sus haberes", denuncia el director de la asociación La Comuna, Carlos Comi.

El secretario de la Federación de Entidades Mutuales de Rosario, Santiago Serrati, no lo contradice. "Existen pseudomutuales con casa central en Buenos Aires u otras provincias y oficinas en Rosario, a las que la Ansés habilita a usar el código de descuento y luego no controla", asegura, a la par que advierte la "poca intervención que se da a los organismos competentes" en la fiscalización de esta operatoria.


Un manejo discrecional
Cuando menciona a los encargados de controlar a estas entidades, el mutualista nombra específicamente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y a la Direción General de Cooperativas y Mutualidades de la Provincia. "No puede ser que estos dos organismos dependan pura y exclusivamente de los datos que maneja la Ansés, que es justamente la que otorga discrecionalmente los códigos de descuento", se queja Serrati.

El gerente de Inspección del Inaes, Enrique Fernando Fernández Quintana, recoge el guante y detalla la injerencia de la repartición en materia de fiscalización. "Nuestros inspectores, que no son muchos -apenas 15 para todo el país- elaboran legajos sobre cada una de las entidades. Chequean que tengan los aportes al día de acuerdo a la cantidad de asociados, los balances y si tienen denuncias en su contra. Esos datos se los remitimos a la Ansés cuando la entidad tramita el código de descuento".

Y con el mismo tenor, desde la provincia, el director general de Cooperativas y Mutualidades, Raúl Tallano, explica los límites que tiene la repartición. "Nuestra función es la de verificar si la mutuales tienen autorización, si están inscriptas en la provincia. Nosotros enviamos a nuestros inspectores y todos los datos los remitimos al Inaes, porque este es el órgano que puede aplicar sanciones", dice el funcionario.


Bandas organizadas
El delegado de la Dirección de Industria y Comercio provincial, Héctor Ricardo Corgnalli, dice sin pelos en la lengua que "estas entidades son verdaderas bandas organizadas las que tras el disfraz de una mutual les sacan dinero a los jubilados".

El funcionario explica que su repartición actúa de acuerdo a la ley de Defensa del Consumidor. Pero "lamentablemente el jubilado avaló con su firma el trato. Y si vemos que los intereses son exhorbitantes les sugerimos que acudan a la Justicia", comenta Corgnalli.

Sobre su escritorio, el funcionario tiene una decena de expedientes en curso relacionados con denuncias radicadas por jubilados. "Hay personas que se sorprenden porque les descuentan créditos de mutuales de Tierra del Fuego y llegan a la oficina diciendo «le juro que yo nunca salí de la Circunvalación»".

En otros casos, la sorpresa llega cuando encuentran su nombre en el Veraz como deudores de un banco, ya que algunas mutuales en realidad operan como intermediarias de entidades mayores. Corgnalli saca de un cajón una denuncia y lee: "Fuimos a la Galería Mercurio (Sarmiento 1074, local 6) y nos encontramos con una cola larguísima de gente a la que le prometían el oro y el moro. Aquí se saca el crédito muy fácilmente, apenas con tres recibos de sueldo y la factura de un servicio. Pero la persona del local actúa como intermediaria, deriva la tramitación a una mutual".

En un caso similar intervino la Defensoría del Pueblo hace dos años, cuando descubrieron a una institución que entregaba créditos a través de un banco y descontaba de los haberes de los jubilados provinciales las cuotas de los préstamos. "Pero luego no efectuaba la transferencia a la entidad crediticia, por lo cual los pasivos quedaban en mora aún habiendo abonado correctamente", recordó el titular de la defensoría, Carlos Bermúdez.

Y en este punto, la mayoría de los consultados por La Capital coincide. "El mayor problema es que la gente, en estado de desesperación, no acostumbra a leer la letra chica de los contratos. Se aprovechan de eso", afirman y rápidamente se preguntan: "¿Si esto no es un abuso, qué es?".

Las necesidades de los jubilados son aprovechadas por estafadores.