El flamante texto no conforma a ningún sector social

Bolivia, con nueva ley del gas, pero lejos de lograr consenso

La prolongación del conflicto afecta directamente a la Argentina, que ya debió postergar proyectos

La Paz. - La sanción por el Congreso de la nueva ley de hidrocarburos, luego de ocho meses de debates, polarizó a Bolivia, donde grupos sociales reanudaron sus protestas "en defensa del gas", mientras políticos, empresarios y líderes regionales exigieron al gobierno que vete su promulgación. Argentina, que sufre escasez de gas, estaba pendiente de la sanción de la norma, en la esperanza de destrabar inversiones ligadas a la provisión del gas boliviano, en especial un gasoducto para proveer al nordeste argentino. La sanción de la ley, sin embargo, no despeja el panorama, ya que la ley "salió" con modificaciones sustanciales respecto del proyecto enviado por el Ejecutivo del presidente Carlos Mesa.

La nueva norma tampoco gustó a las organizaciones sociales e indigenistas, las que exigían la nacionalización total del recurso hidrocarburífero. La norma sólo plantea la nacionalización "en boca de pozo".

En este marco conflictivo, las petroleras privadas que operan en Bolivia seguramente se mantendrán a la expectativa hasta que la situación decante, algo que seguramente llevará muchos meses. Argentina, ante los retrasos, ha estudiado la posibilidad de explorar sus cuencas gasíferas australes, pero los técnicos privados aseguran que será difícil descubrir nuevos yacimientos importantes. El gobierno de Néstor Kirchner aspira a comprarle entre 10 y 20 millones de metros cúbicos diarios de gas a Bolivia, además de los que ya adquiere actualmente, pero para esto necesita seguridad jurídica, un bien que hasta ahora el gobierno del presidente Carlos Mesa no le puede garantizar.

La Cámara de Diputados aprobó el martes los 142 artículos del proyecto de la ley petrolera en medio de una compleja sesión que puso fin a ocho meses de debates legislativos, iniciados tras el respaldo que alcanzó el referéndum sobre el gas realizado a mediados de 2004.

La norma, que obtuvo 59 votos a favor, 48 en contra y 3 en blanco, establece las nuevas reglas para el negocio energético de Bolivia, país que posee las segundas mayores reservas gasíferas de la región, estimadas en 52,3 trillones de pies cúbicos.

La suerte de esta ley, que había sido aprobada por los diputados y los senadores en primera y segunda instancia, quedó ahora en manos del presidente Mesa, quien decidirá si la promulga o no. La Constitución establece que el Ejecutivo puede vetar la norma, con lo que dejaría en manos del Congreso la promulgación, o formular observaciones a algunos artículos.


Tarija, en huelga general
En una primera reacción, Tarija, el departamento que concentra la mayores reservas de gas en el país, inició un paro general para exigir que la presidencia de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se traslade a esa zona. El presidente del Comité Cívico de esa región, Francisco Navajas, aseguró que la norma "fue aprobada de forma abusiva, sin tomar en cuenta la petición del departamento de Tarija".

Desde la vereda ideológica opuesta, el Movimiento al Socialismo (MAS), del dirigente opositor Evo Morales, que perdió en el Congreso su lucha contra la ley, también expresó su descontento, y convocó al llamado "pacto antioligárquico" -integrado por sindicalistas, campesinos y otros grupos de izquierda- a una asamblea para definir sus acciones. "No descartamos ningún tipo de movilizaciones sociales en todo el país", declaró el diputado del MAS Santos Ramírez.

Por su parte, Jaime Solares, secretario de la Central Obrera Boliviana, advirtió que "los parlamentarios aprobaron el cierre del Parlamento. No hemos conseguido nada con la nueva norma. Le hemos advertido a los diputados, y que no se quejen de lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, nos movilizaremos en las calles, tomaremos el Parlamento".

Fuentes del gobierno aseguran que el presidente Mesa ha decidido analizar el documento sancionado por el Legislativo, tomándose todo el tiempo necesario, dentro del plazo de 10 días que le concede la Constitución.

Jaime Solares y Evo Morales llamaron a rechazar la ley de hidrocarburos.