Cromañón: procesan a ex funcionarios y policías

Cinco ex funcionarios del gobierno porteño, entre ellos la ex secretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, fueron procesados ayer por la Justicia acusados de homicidio culposo agravado en la tragedia de la disco Cromañón, en tanto cinco policías federales quedaron también procesados pero por cobrar coimas para hacer la vista gorda sobre las irregularidades de seguridad en el local.

La decisión fue adoptada por el juez criminal Julio Lucini quien estimó que los funcionarios comunales tuvieron culpa, aunque no dolo, en la muerte de 193 personas por no haber actuado ante las "reiteradas alarmas" que advertían sobre el funcionamiento irregular del boliche.

Los funcionarios comunales procesados, a quienes también se les imputa el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público son, además de la psicóloga Fizsbin, sus ex subordinados Ana María Fernández, Gustavo Torres, Rodrigo Cozzani y Alfredo Ucar.

Los policías acusados de cobrar la coima -cohecho pasivo- son los comisarios Miguel Angel Belay y Gabriel Sevald, este último a cargo de la seccional 7ª con jurisdicción en Cromañón.

Todos los procesados seguirán en libertad hasta el juicio oral, ya que la decisión se tomó sin prisiones preventivas, aunque sufrieron embargos millonarios que alcanzaron los 20 millones de pesos cada uno, en el caso de los ex funcionarios porteños, y de 500 mil los comisarios.

El juez procesó además por incumplimiento de los deberes al empleado comunal Víctor Telias, con un embargo de 30 mil pesos, aunque al igual que a otros dos empleados públicos porteños, Juan Carlos Loupias y Daniel Díaz, le dictó la falta de mérito por los homicidios.

Además de a los comisarios Belay y Sevald, el delito de cohecho pasivo alcanzó también a los policías Carlos Díaz, Oscar Sosa y Cristian Villegas, de la seccional 7ª. A lo largo de 3097 líneas, el juez Lucini entendió que el recital de Callejeros en Cromañón del 30 de diciembre nunca habría ocurrido si los ex funcionarios procesados hubiesen prestado atención a reiteradas "alarmas" que recibieron sobre las irregularidades.

"El local de marras estaba en funcionamiento pese a que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas, siendo que era obligación de Fiszbin, Torres y Fernández haber dispuesto su inspección y eventual clausura", entendió Lucini.

Y criticó con dureza a Fiszbin y sus segundos porque se demostró que sólo ordenaban inspecciones si recibían denuncias sobre algún local.

"Lejos de tener una actitud activa ante un tema tan crítico, se limitaban a esperar en sus despachos que los hechos sucedieran para luego intervenir", advirtió Lucini.

El juez encontró "inadmisible que un lugar con las características que tenía República Cromañón, plagado de irregularidades, que convocaba a numerosos asistentes y que era conocido en el ámbito de la música, no recibiera ninguna inspección porque nunca fue denunciado".

También ironizó: "Frente a una situación tan crítica que se podría haber controlado encontramos la realidad donde la ex subsecretaria de Control Comunal ignoraba el horario que debían cumplir los inspectores. Huelga todo otro comentario".

Para el juez, por su "condición de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires" todos los procesados estaban obligados a controlar Cromañón y debían haberlo clausurado apenas venció la habilitación de Bomberos, que no fue renovada. En cambio, "no seleccionaron ese lugar a fin de que fuera inspeccionado y/o clausurado, cuando era un lugar de conflicto y no podía continuar en funcionamiento desde el 25 de noviembre de 2004, toda vez que el día anterior había vencido el certificado de bomberos habilitante". (Télam)