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 miércoles, 27 de abril de 2005  
Atención psicológica para procesados
El gobernador Jorge Obeid firmó ayer el decreto que autoriza la contratación de trece profesionales

El gobernador Jorge Obeid firmó ayer el decreto que autoriza a formalizar la contratación, por parte de la Subsecretaría de Justicia de la provincia, de un total de 13 psicólogos para prestar servicios en los Departamentos de Salud Mental de las cárceles santafesinas. Además, dice el escrito, los profesionales deberán conformar los equipos de asistencia para los ciudadanos privados de su libertad en las comisarías de distintos puntos de la provincia.

De acuerdo a los alcances del decreto que lleva el número 702, los profesionales intervendrán sobre la población carcelaria procesada y que está recluída tanto en el penal de Coronda como en los de las ciudades de Rosario y Santa Fe. Además, su trabajo contemplará la asistencia a los guardiacárceles, principalmente a aquellos que fueron testigos directos o indirectos de la masacre del pasado 11 de abril.

Según lo establece el decreto que dio a conocer el gobierno el mediodía de ayer, el trabajo de los psicólogos se extenderá hasta el 31 de diciembre próximo y significará una erogación de 207 mil pesos para las cuentas del erario provincial.

El acuerdo, dijeron fuentes de la gobernación, se enmarca en un convenio suscripto a principios de año por el cual los presidiarios condenados reciben contención psicológica, atención que ahora será extensiva a los procesados y al personal penitenciario.

Según voceros del gobierno, "sólo falta firmar los contratos para que el personal, que ya está designado, empiece sus tareas en los penales".

Vale recordar que en las cárceles santafesinas ya trabaja un organismo técnico criminológico integrado por terapistas ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales y psiquiatras pero cuyos pacientes son los internos que ya tienen condena firme.

En tanto, las mismas fuentes contaron que en la cárcel de Coronda este gabinete reinició sus tareas el pasado lunes 25. Es que después de la masacre del 11 de abril, cuando fueron asesinados 14 interno, por cuestiones de seguridad los profesionales no accedieron al contacto con los detenidos.
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