La jefa provincial y el acuartelamiento de un sector de la URII

Para Perazzo, "no fueron más de 70"

La policía califica de "conducta grave" la obstrucción del paso de los móviles. Y minimiza la cifra de los rebeldes

La jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, anunció que ya se iniciaron los sumarios contra los policías que durante 20 horas ocuparon los accesos de la Jefatura de la Unidad Regional II, entre el martes y el miércoles de la semana pasada, impidiendo la salida de las patrullas en protesta por el asesinato de un agente. Las investigaciones internas se orientan a definir si los empleados cometieron una infracción y, eventualmente, si deben responder ante la Justicia por su manifestación de rebeldía, que obligó a reforzar la seguridad en Rosario convocando a más de 300 efectivos de Gendarmería Nacional.

"El sumario va a deslindar qué responsabilidad le cupo concretamente a cada uno", dijo la titular de la fuerza, Leyla Perazzo. Para la oficial debe distinguirse la conducta de empleados que quedaron dentro de la Jefatura porque les fue impedido salir de la de quienes permanecieron por compartir la protesta. Y éstas de las de quienes obstruyeron el portón impidiendo el paso de los patrulleros. A este último comportamiento lo calificó como la de mayor gravedad. "El hecho concreto es que un número reducido de personas impidieron prestar el servicio de seguridad", le dijo al programa "Trascendental", de LT8.

La última vez que hubo una revuelta policial, cuando todo el tercio del Comando Radioeléctrico se apelotonó frente a la comisaría 6ª para protestar por la detención de un compañero, el oficial que estaba a cargo de la Jefatura resultó destituido. Fue en septiembre de 2000. El relevado era el subjefe de la Unidad Regional II, Roberto Medina, que reemplazaba interinamente a Francisco Previtera. También fueron removidos los jefes de la Agrupación Cuerpos, Pedro Obligado, y del Comando Radioeléctrico.

Recibida a gritos el martes 12 a la noche por los acuartelados ("que se vaya", coreaban, ante cámaras de la TV local y nacional), Perazzo sostuvo que los participantes activos de la asonada no fueron más de 70 y que muchos no eran empleados activos. "Hay gente que directamente no era policía e impedía abrir el portón. Otra gente está con trámite de cesantía (sin nombrarlos, aludió así a dirigentes de Apropol). Otra está retirada por incapacidad, por distintas enfermedades, algunas psiquiátricas, otras físicas. Hay personas que argumentaban ser familiares de policías, cosa que todavía no esta esclarecido", analizó.

Para identificar a los que tomaron parte de esa situación deliberativa prohibida por la ley orgánica fueron convocados los jefes de cada área que funciona en la Jefatura, dijo Perazzo. "En carácter de testigo, o sea bajo juramento, tendrán que explicar cómo sucedieron los hechos y las razones por las cuales los portones permanecieron cerrados". Sobre el carácter del procedimiento investigativo, sostuvo que es lo que corresponde. "Los reglamentos no lo hago yo. Están hechos por ley o por decreto del Poder Ejecutivo", completó.

Perazzo dijo contar con actas labradas por los jefes que refieren cuántos empleados quisieron cumplir servicio y firmaron que no podían. Las atribuciones del máximo jefe de la fuerza pasan por aplicar suspensiones o días de arresto. "Sanciones como cesantías deben ser impuestas por el ministro de Gobierno o el gobernador", remarcó. Del movimiento participaron mayoritariamente efectivos que revistan en fuerzas de calle: el Comando Radioeléctrico, la Guardia de Infantería y la Patrulla Urbana.

Anoche en Santa Fe se reunieron el gobernador Jorge Obeid, el ministro de Gobierno Roberto Rosúa y el subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi. En una audiencia de una hora, evaluaron el tema del acuartelamiento pero declinaron hacer comentarios.

Los policías frente a la Jefatura, el pasado martes 12 de abril.