Los contratos petroleros vuelven a dividir a Bolivia

La Paz. - Un clima de incertidumbre rodea a los 76 contratos petroleros vigentes desde hace ocho años en Bolivia, que ayer fueron remitidos por el presidente Carlos Mesa al Parlamento, donde se discutirá si corresponde otorgarles un aval.

Acatando una declaración del Tribunal Constitucional, Mesa dejó en manos de los legisladores la responsabilidad de precisar la validez de los contratos, una decisión que volvió a enfrentar al gobierno y el Congreso de Bolivia. La medida complicó la crisis que atraviesa el país desde hace más de un mes, disparada por una discutida nueva ley de hidrocarburos.

De acuerdo al Tribunal Constitucional, los acuerdos de riesgo compartido firmados entre 1997 y 2005 deben ser ratificados por el Congreso. Pero los parlamentarios manifestaron opiniones muy distintas sobre los contratos, e incluso abrieron la posibilidad de que no sean analizados.

El legislador Jorge Ledezma, del Movimiento al Socialismo (MAS), el gran opositor al gobierno, señaló que ese partido no permitirá que se trabaje en dichos contratos, al considerar que están "viciados de nulidad". "Estos contratos son totalmente ilegales, no han cumplido con la formalidad prevista en la ley, por lo tanto no los debemos tratar en el Parlamento, o por lo menos nuestra bancada no lo va a permitir", dijo Ledezma a radios locales.

A su vez, el diputado Rafael Oviedo, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), propuso "adecuar" los contratos a la nueva ley petrolera que deberá aprobar el Parlamento.

"Estos contratos han estado funcionando en el país, han estado vigentes durante dos o tres gestiones. Lo que tenemos que hacer es adecuarlos a la nueva norma", sostuvo.

El congresista William Paniagua, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), al que pertenece el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, consideró que sería una "total irresponsabilidad" que el Congreso no revise los contratos. "La responsabilidad que no asumieron los colegas parlamentarios en el anterior período constitucional estamos obligados a asumirla", explicó.

Al referirse al tema, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, dejó entrever su inquietud. "No sabemos el status de los contratos del sector de las petroleras. Pueden ser interpretados como que están en el limbo o no. Es preocupante", declaró el diplomático, según publicó el diario La Razón, de La Paz.

Recientemente, el Tribunal Constitucional aclaró que los contratos firmados con las petroleras requieren de un aval del Congreso. En su declaración, la alta corte precisó que no tiene "facultades para declarar la constitucionalidad de los contratos o autorizar las cláusulas de un determinado contrato, puesto que ésta es una facultad que la Constitución le otorga al poder legislativo".

Este pronunciamiento se conoció mientras la Cámara de Senadores analiza la controvertida ley de hidrocarburos que fue aprobada en primera instancia por los diputados, y que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de las empresas del sector.