"Sorpresa" oficial por la desaparición de ataúdes

La directora de ambas necrópolis municipales dijo que en caso de existir una mafia "la hubiera denunciado"

"Si supiera que dentro de los cementerios La Piedad y El Salvador existen organizaciones dedicadas al comercio ilegal de huesos, cadáveres y féretros las hubiera denunciado", afirmó ayer la directora general de Defunciones y Cementerios, Arminda Jolley. La declaración llegó un día después de que La Capital revelara que en las dos necrópolis municipales se está investigando el robo de ataúdes. La funcionaria dijo que no tiene "ni idea" de cómo pueden haber salido el año pasado y en febrero de este año los cajones de madera sustraídos de los dos cementerios municipales sin que lo advirtiera la seguridad. Y afirmó estar "muy sorprendida" por el episodio.

No obstante, detalló que en El Salvador (de 11 hectáreas) trabajan dos policías de la provincia por turno (son tres por día) y un agente de seguridad privada. En La Piedad (31 hectáreas), en tanto, se encargan de la custodia dos policías de la Unidad Regional II por turno y un vigilante privado. Es más, Jolley aseguró que se gasta en seguridad en ambas necrópolis casi 17 mil pesos mensuales.

"Por supuesto que si tuviéramos más seguridad sería mejor, pero es la cantidad que tenemos en este momento", se excusó la directora municipal de cementerios. En relación con los robos de cajones de madera ocurridos y que están siendo investigados por la Justicia, dijo estar "sorprendida, pero quiénes fueron y cómo lo hicieron está siendo investigado por la Justicia y por vía administrativa en el municipio".

Sobre las hipótesis que se manejan en torno a la sustracción de ataúdes (una involucra a cocherías de la ciudad y la otra a empleados de ambas necrópolis), la funcionaria municipal sostuvo: "Soy una persona muy cauta. La denuncia de El Salvador y la de La Piedad fueron presentadas a nuestros superiores y ellos son los encargados de investigar".

Jolley repitió que no puede acusar a nadie sin fundamentos, y además aclaró que si supiera de la existencia de una mafia dedicada al comercio ilegal de huesos, cadáveres, cajones, ornamentos y otros elementos "lo hubiera denunciado".

En La Piedad (donde hay casi 101 mil sepulcros) trabajan 61 personas: 12 en el área administrativa, 26 operarios, un inspector y 22 sepultureros. Mientras que en El Salvador (con 31 mil sepulcros) hay 34 empleados: 7 del sector administrativo, 11 sepultureros y 16 operarios.

La noticia sobre el robo de ataúdes, publicada por este diario en su edición de ayer, puso bajo sospecha al personal, ya que una de las hipótesis es que empleados de las necrópolis estarían vendiendo cajones a familiares por un precio menor a los 800 o 900 pesos que cuestan en el mercado. Al respecto, y a modo de remate, Jolley insistió con que "no es así, la gente que dice eso habla muy ligeramente. Además si pasara eso ya se hubiera comprobado. Nosotros disponemos de todas las medidas de seguridad que están a nuestro alcance".