Muestras de repudio por la amenaza al juez Vera Barros

La investigación de la grave amenaza sufrida el jueves por el juez federal subrogante Carlos Vera Barros, a cargo de la causa Feced, entre otras que posan la lupa sobre la represión ilegal en Rosario durante la última dictadura militar, finalmente quedó en manos de la Fiscalía. Paralelamente, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia repudió la intimidación de la que fue objeto el magistrado, quien recibió el mensaje "mata a 1 advierte a 1.000" grabado en una bala de un fusil FAL, arma reglamentaria del Ejército.

La secretaría, a cargo de Domingo Pochettino, manifestó su "total solidaridad" con el juez, al tiempo que ratificó su política de "colaborar en procura del avance de las investigaciones, a fin de dejar esclarecida una etapa trágica de nuestra historia y lograr que se condene a los culpables".

Consideró que la amenaza "constituye un agravio a toda la sociedad por parte de quienes pretenden la consagración de la impunidad y que no hace mucho incurrieron en otros actos intimidatorios", en alusión a los sufridos por el juez federal santafesino Reynaldo Rodríguez.

Según pudo saber La Capital, Vera Barros también recibió muestras de solidaridad de parte del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. La investigación quedó en manos de la Fiscalía a raíz del anonimato que envuelve a la autoría de la amenaza.


Sin documentos
En tanto, la secretaría Parlamentaria de Diputados de la Nación aclaró que "no se encontró" en sus archivos "ningún tipo de publicaciones, manuales o instructivos referidos a operaciones para el accionar de las Fuerzas Armadas", con lo que echó por tierra las declaraciones en ese sentido formuladas por Cristino Nicolaides, ex jefe del Ejército durante la dictadura.