Para un penalista, "la falencia del Estado en las prisiones tiene responsables"

Frente a agresiones u homicidios en las cárceles es muy común argumentar en medios oficiales que la violencia entre reclusos es un problema de ellos, observa Juan Lewis, especialista en temas penitenciarios. "Es innegable que la violencia es un fenómeno inherente a la vida carcelaria. Pero entre los objetivos específicos del Servicio Penitenciario (SP) está la detección, prevención y neutralización de esta clase de problemas. También hay un juez de Ejecución, que en Coronda tiene su despacho en la puerta de la cárcel, cuya función es velar por los derechos del recluso. Si una situación de esta índole deriva en muertes es porque hubo una falencia del Estado en sus deberes. Y eso hace surgir responsabilidades", destacó Lewis.

El análisis se engarza con históricas imputaciones, que reaparecen ahora, de que hay guardias del SP como promotores y agitadores la violencia interna. Para Lewis, que es director del programa de pasantías de ejecución penal del Colegio de Abogados de Rosario, "es incorrecto suponer que como se trata de internos que se matan entre sí el SP se pueda lavar las manos". El abogado destaca que se pueden diseñar estrategias para evitar tragedias como la de ayer porque eso es parte de la función del personal de prisiones. "Se puede separar a rosarinos de santafesinos si se sabe que hay problemas. O evitar movilizaciones de grupos de un lado a otro aún en caso de motín como pasó ayer", citó como ejemplo.


El ritual de la intimidación
Lewis está a cargo del cuerpo de abogados pasantes que tramitan los beneficios legales de los internos en Coronda entre otras cárceles. "De acuerdo a informaciones que yo tengo a través de los pasantes muchas veces se amenaza a presos que tienen problemas de conducta con llevarlos a pabellones donde saben que tendrán problemas. Una suerte de sanción encubierta que es, claramente, mandar al señalado a morir. Muchas veces esas intimidaciones no se efectivizan, pero otras se han hecho", afirmó.

El deber de seguridad y custodia no es velar porque los presos no se escapen sino también por sus integridades física y sus vidas, dice Lewis.

Otro factor de tensión interna es el tema de cómo se ejecutan las penas. "El hilo se corta por lo más delgado y por eso es más fácil cargar las tintas sobre el SP. Hay una brutalidad impresionante en el SP que no debe desconocerse, pero si eso ocurre es porque fallan otras instancias. En Coronda hubo 20 meses sin juez de ejecución. Pero el juez de ejecución designado (Julio César Arri) no implicó ninguna mejora sustancial en lo que es el contralor de los derechos del recluso ni tampoco en el examen crítico de la administración penitenciaria", indicó el abogado. "Quisiera saber cuántas veces el juez entró a la cárcel. El despacho lo tiene en la puerta. Hoy ni se resuelven las peticiones legales de los presos ni se efectúa ningún análisis crítico de las decisiones del SP", estableció.