Sin avances. El expediente lleva una década de sinuoso derrotero

Una onda expansiva que llegó hasta Rosario

En 2003 denunciaron faltante de material rescatado

Javier Felcaro / La Capital

En octubre de 2003, la denuncia judicial de autoridades castrenses sobre la desaparición de 5.680 cartuchos de propulsión para morteros de 81 milímetros del Batallón de Arsenales 603, ubicado en Fray Luis Beltrán, potenció las dudas abiertas tras las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero.

Es que el faltante incluía material bélico procedente de las instalaciones que volaron en 1995. Por entonces la querellante Ana Gritti habló ante La Capital de un plan para eliminar pruebas que comprometían al Ejército en la venta ilegal de armamento al exterior.

Dos decretos reservados (del 31 de octubre de 1991 y del 24 de enero de 1995) firmados por Carlos Menem, y que dieron pie al tráfico de pertrechos bélicos, incluyeron morteros calibre 81 milímetros fabricados en la Argentina.

Pocos días antes de conocerse la denuncia en los Tribunales Federales de Rosario, el gobierno de Néstor Kirchner había ordenado la apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad sobre la explosión en Río Tercero. Fue la primera señal, en años, de voluntad política de colaborar con la pesquisa.

El reciente desembarco del fiscal federal Carlos Stornelli en la investigación por la voladura de la fábrica terminó sacudiendo un expediente que arrojó pocos resultados en casi diez años.

Lo cierto es que durante la etapa de instrucción se desestimaron testimonios y pruebas valiosos. Pero la carátula de estrago doloso calificado generó nuevas expectativas en el proceso.

La voladura de la fábrica, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, provocó la muerte de siete personas (ninguna trabajaba en la planta), 340 heridos y cuantiosos daños materiales.


¿Accidente o atentado?
Sin embargo, en el 2001 el juez de Río Cuarto Luis Martínez concluyó que se había tratado de un estrago culposo. Es decir, un accidente. Dos años después, pericias químicas y técnicas ordenadas por el Tribunal Oral Nº2 de Córdoba establecieron que el estallido fue intencional.

Tomando como parámetro el atentado, Stornelli se sumó a una investigación que todavía debe develar las responsabilidades de los imputados y de aquellos que puedan llegar a demostrar culpabilidad.

También está latente la posibilidad de involucrar a otros oficiales del Ejército y de los niveles de poder político más altos. De los siete oficiales con pedido de captura, cinco ya fueron rozados por la investigación de la venta ilegal de armas.

Esto deja entrever que, más allá de los distintos ámbitos en los que se abrieron las causas, existe una conexión entre Río Tercero y el tráfico ilegal de material bélico.