Sin avances. El paso al costado del juez Martínez frenó la ofensiva del fiscal

Río Tercero: más trabas para una causa que todavía le escapa a la impunidad

La inhibición del magistrado es vista por la querella como una maniobra de dilación. Indagatorias en suspenso

Javier Felcaro / La Capital

La investigación por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas el 3 de noviembre de 1995, parece no poder zafar de la suerte que corrieron otros expedientes pesados: integrarse al museo de impunidades argentinas. El viernes pasado, el juez a cargo de la instrucción de la causa se inhibió de seguir actuando, decisión que, según la querella, es parte de una estratégica dilación.

El juez de Río Cuarto, Luis Martínez, obró por la vía legal para apartarse del caso: argumentó que la defensa del procesado coronel Edberto González de la Vega pidió que se cite a declarar como imputado al ex jefe de la planta de carga y suministros de la fábrica Omar Gaviglio.

Tanto este ex funcionario como un perito de parte, Alfredo Hraste, habían denunciado al juez ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por presunto mal desempeño de sus funciones.

Martínez planteó que, frente a la posibilidad de tener que indagar a su denunciante, se excusaba de proseguir la instrucción de la causa, disponiendo que la misma sea girada al subrogante. El sorteo, también realizado el viernes, favoreció a Luis Ferreyra, un abogado riocuartense.

Desde la querella, que encarna la letrada Ana Gritti (viuda de una de las víctimas), se atribuyó el paso al costado del magistrado a una maniobra de los imputados frente a las medidas solicitadas por el fiscal federal porteño Carlos Stornelli.

Días atrás el fiscal había desembarcado en Córdoba con pedidos de arresto para siete militares, entre ellos Antonio Cornejo Torino, Marcelo Gatto y González de la Vega, quienes ya estaban procesados en el expediente.

Gritti le reconoció a La Capital que con la llegada de Stornelli "deberíamos haber comenzado la segunda etapa de la investigación, esta vez por el cargo de estrago doloso, porque el fiscal conoce a fondo las causas Río Tercero y la venta ilegal de armas, además de los entretejidos que hay entre ambos expedientes".

Stornelli había sido designado en diciembre de 2004 por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para complementar el trabajo del fiscal de Río Cuarto, Roberto Massuet.

Considera que el móvil del atentado que borró del mapa una parte de la fábrica, provocó siete muertos y 340 heridos y causó cuantiosos daños materiales en una ciudad de 45.000 habitantes, está vinculado con la causa que investiga el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, ocurrido entre 1991 y 1995 con el amparo de tres decretos del gobierno de Carlos Menem.

Es más: el fiscal llegó a plantearle a Martínez que el acto intencional tuvo por objetivo encubrir la maniobra ilícita. Nunca antes ambos expedientes habían logrado tal relación.

Gritti, en tanto, estimó posible abrir el abanico de imputaciones a más militares y ex funcionarios nacionales "si se tiene en cuenta que Río Tercero es funcional a la venta ilegal de armas".

"Sirvió de centro de acopio, reacondicionamiento y despacho de por lo menos el 90 por ciento del material bélico. Quienes participaron sabían cómo se operaba en Río Tercero, que sus inventarios y balances estaban adulterados porque el armamento salía en negro pero, como provenía de otras fábricas o unidades militares, sí tenía entrada", continuó.

Respecto del ex jefe del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, la abogada recordó: "Se defiende diciendo que no tiene nada que ver con Río Tercero, pero yo iría más atrás. Por acción u omisión, es responsable de todo lo que salió de las unidades militares y terminó en Croacia".

"Si Balza no sabía lo que estaba pasando, es grave, porque era el comandante en jefe. Y, si lo conocía, ocultó los datos que tenía", sentenció Gritti acerca del papel que habría desempeñado el hombre que en el 2001 estuvo preso por el affaire de las armas, cuya posible citación entraba en la línea de pesquisa que impulsa el fiscal.


Jugadas
Pero, además de la jugada de la defensa de González de la Vega, el patrocinante de Cornejo Torino y Gatto presentó la semana pasada una recusación de Stornelli, cuestión por la que se había fijado una audiencia para mañana.

Anoche, consultado por este diario, el fiscal se limitó a señalar que responderá "por escrito en el expediente" a la inhibición de Martínez. Y aconsejó esperar los próximos movimientos del juez subrogante.

La hipótesis de una nueva intentona de frenar la investigación se sustenta en los planteos por parte de Martínez y de los imputados, que -por el momento- hicieron suspender las indagatorias que había solicitado Stornelli para los siete oficiales bajo sospecha.

La querellante Ana Gritti, exponente de una lucha de casi diez años.