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 sábado, 19 de marzo de 2005  
Autorizan aumentos a las transportadoras eléctricas
Los acuerdos con Transener y Transba fueron sometidos a consideración de una audiencia pública

El gobierno dio un nuevo paso hacia la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, al pasar ayer las transportadoras eléctricas Transener SA y Transba SA la audiencia pública en la que se debatieron aumentos de tarifas.

La cartas de entendimiento puestas ayer a consideración de la opinión pública autorizan aumentos en las tarifas de 25% para Transener y de 31% para Transba, que por la escasa incidencia que tiene el transporte sobre la tarifa final representa un incremento del 1% a pagar por los usuarios.

El gobierno apura la renegociación con las privatizadas y en dos meses ya concretó audiencias con Edelap, DistroCuyo, terminales del Puerto de Buenos Aires, y sumó hoy las de las transportadoras eléctricas Transener y Transba.

La próximas audiencias serán las Edenor y Edesur, el 20 de abril y el 22 la de Metrogas, todas en Parque Norte.

Las Cartas establecen además que las concesionarias no podrán disponer del excedente de caja si no cumplen con el plan de inversiones que controla el Ente Nacional Regulador de Electricidad (Enre).

La exposición sobre los detalles de los acuerdos estuvo a cargo de Alberto Zoratti, funcionario de la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), quien informó que las transportadoras pagaron todas las deudas por multas que tenían con el Enre, y destacó que "al día de hoy no tienen deudas pendientes".

Los nuevos contratos a firmar incorporan un sistema de incentivos para mantener y superar una calidad de referencia, e introducen la figura del "constructor de la ampliación" para que las empresas puedan hacer las obras de infraestructura necesarias, ya que hasta ahora las transportadoras sólo operan y mantienen las líneas de transmisión.

La Uniren propuso, por otra parte, realizar auditorías técnicas y económicas sobre las empresas, un registro económico-financiero, un informe anual de cumplimiento de contrato, y un monitoreo de las relaciones con el proveedor.

Por Transener, su gerente general, Silvio Resnich, recordó que en la carta de entendimiento la UNIREN hizo constar que su empresa "cumplió con la calidad de servicio requerida".

Destacó también que el nivel de sus inversiones "fue ampliamente superior al establecido por la autoridad regulatoria en la revisión tarifaria realizada en 1998".

Respecto a las denuncias ante el Ciadi, Resnich recordó que "ni Transener, ni sus accionistas iniciaron demandas en contra del Estado argentino", y aclaró que sus actuales accionistas renunciaron a este tipo de acciones "por eventuales reclamos derivados del estado de emergencia económica". Este punto es importante para el gobierno porque puede servir de antecedente para otras renegociaciones en curso.


La voz de la Defensoría del Pueblo
En representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Miguel Bizzi, rechazó "los incrementos tarifarios porque no se hicieron sobre bases reales, y no son justos ni razonables" y advirtió que "en la carta de entendimiento podría haber manipulación de la información".

La Defensoría cuestionó además que en el financiamiento de las inversiones no se contemplan aportes de la empresa, ni fondos provenientes de la actividad no regulada. Denunció que "la disminución de los niveles de calidad permitidos afecta sólo al sector regulado" y que "la tasa de rentabilidad mínima de la empresa con el aumento tarifario será de 27%, cuando la carta de entendimiento dice 7%".

A su turno, el gerente General de Transba, Juan de Marco, en línea con lo señalado por su par de Transener, destacó el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al nivel de inversión y calidad de servicio.

Las respectivas cartas de entendimiento se elevarán al Congreso nacional en un plazo de 10 días, y los legisladores tienen otros 60 días para aprobar o rechazar el acuerdo, pero no pueden introducir modificaciones. De ser aprobados, luego deben ser ratificadas por el Ejecutivo para su entrada en vigencia.
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